La plataforma de Sevilla contraria a la inmatriculación de bienes acometida a su favor por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015, --295 bienes en el caso de la provincia de Sevilla--, en la gran mayoría de casos exclusivamente mediante una certificación eclesiástica, merced a la reforma de la Ley Hipotecaria promovida por el entonces Ejecutivo central del popular José María Aznar, ha calificado como mero "paripé" el informe presentado por la Conferencia Episcopal al Gobierno central admitiendo cerca de un millar de bienes inmuebles inmatriculados sin estar acreditada su titularidad.
En concreto, Guillermo Casellas, portavoz de la citada plataforma, ha manifestado a Europa Press que la cifra de inmuebles o fincas abarcada por el citado informe de la Conferencia Episcopal es "ridícula, insuficiente y engañosa", recordando que el listado de inmatriculaciones realizadas por las diócesis entre 1998 y 2015 remitido por el Congreso de los Diputados a la Conferencia Episcopal contenía 34.976 registros.
En dicho informe, por ejemplo, figuran 746 bienes inmatriculados o adquiridos por otros títulos anteriores al periodo comprendido entre 1998 y 2015; 276 "que no son propiedad de la Iglesia por estar vendidos, donados, expropiados, por pertenecer a ayuntamientos o por
error de inscripción de propiedad"; y 691 "adquisiciones por métodos diferentes a la certificación, como compraventa, donación, permuta o herencia", por lo que el Conferencia Episcolpal ve válida la titularidad de la Iglesia respecto a 32.401 de los 34.976 registros señalados.
En el caso de la provincia Sevilla, en el informe de la Conferencia episcopal consta la inmatriculación por parte de la Archidiócesis de cinco inmuebles a favor de órdenes o instituciones religiosas titulares de los mismos y se incluyen tres inmuebles adquiridos por otros títulos diferentes a la inmatriculación, como el caso de la compraventa, la cesión municipal y el expediente de dominio.
Esos inmuebles, además del monasterio de Santa Inés y la iglesia de San José en la capital, están en Marchena (convento de la Purísima Concepción), Arahal (monasterio Nuestra Señora del Rosario), Carmona (monasterio de la Santísima Trinidad), Gines (un espacio de uso específico religioso cedido al Ayuntamiento), La Puebla de Cazalla (una casa) y San Juan de Aznalfarache (una casa).
A tal efecto, Guillermo Casellas ha avisado de que la Iglesia Católica "se ha apropiado indebidamente de bienes no sólo a partir de 1998", exponiendo que desde 1946, "la Iglesia no necesitaba" demostrar la propiedad de los bienes que consideraba como suyos, al funcionar como "un departamento más del régimen franquista".
Ha agregado que además, desde 1978, dada la Constitución Española, los registradores de la propiedad "no deberían" haber aceptado "ni una sola" de las inmatriculaciones promovidas por la Iglesia Católica, porque con la Constitución en vigor, tales inmatriculaciones "son nulas".
Igualmente, Casellas ha avisado de la situación de "propiedades ya vendidas" por la Iglesia tras su inmatriculación, extremo que ha considerado "un poco delictivo". Por eso, ha defendido que su colectivo va a "profundiza" en sus reivindicaciones.
