El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha ordenado el archivo y sobreseimiento provisional de la pieza separada relativa al Ayuntamiento de Níjar del caso ‘Hispano Almería’, que investiga la presunta financiación ilegal del PP almeriense, tal y como había interesado la Fiscalía.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la juez Ana Belén Vico se refiere al “detallado oficio” del Grupo II de Blanqueo de Capitales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Málaga, en el que se recogen los expedientes de obra con presuntas irregularidades que podían ser “constitutivos de delito”.
En concreto, se refiere al acondicionamiento de una zona comercial de Níjar; la construcción de una guardería infantil; la construcción de una rotonda; la puesta en “valor cinematográfico” de la localidad de Los Albaricoques; la reurbanización de un bulevar en Campohermoso; la urbanización de un tramo de carretera y la rehabilitación de infraestructuras en San Isidro y la Villa de Níjar.
“En base al análisis documental realizado, a juicio técnico policial se desprende que en lo relativo a todos y cada uno de los expedientes”, salvo en una obra, “no se han detectado graves irregularidades relacionadas con una posible actividad criminal”.
Sólo el expediente de urbanización de un tramo de carretera carecía de un informe técnico de valoración de propuestas de los candidatos con una cuantificación numérica de puntuación total de cada una de las propuestas.
“Esta circunstancia impedía determinar si existían irregularidades en relación a este expediente, remitida dicha documentación -una vez facilitada por el Ayuntamiento de Níjar- (...) no se han detectado graves irregularidades relacionadas con una posible actividad criminal, ratificando los informes anteriores en lo relativo a contratos de obra publica examinados en el seno del Ayuntamiento de Níjar”, dice la magistrada.
Por ello, considera que, en lo que se refiere en exclusiva a la actividad del grupo Hispano Almería con el Ayuntamiento de Níjar entre los años 2000 y 2010 -periodo investigado-, “no ha quedado acreditado siquiera indiciariamente que por persona alguna determinada se haya cometido un presunto delito de prevaricación o de cualquier otro ilícito penal”.
Sobre la posible prevaricación, recuerda que para que exista este delito se debe dictar "a sabiendas de su injusticia" una “resolución arbitraria en un asunto administrativo”.
“Del examen de la documentación obrante en autos se deriva que las posibles irregularidades de que pudieran adolecer los expedientes analizados, no adolecen de la gravedad necesaria para ser relacionadas con una posible actividad criminal, no alcanzando la patente y abierta contradicción con el ordenamiento jurídico exigida jurisprudencialmente y como elemento del delito de prevaricación, no reuniendo los requisitos necesarios para estimarse constitutiva de delito”, dice.
Asimismo, la juez señala que no existe ningún indicio de la presunta comisión de un delito contra la Hacienda Pública, fiscal, blanqueo de capitales o cualquier otro ilícito penal, por lo “que resulta procedente en el presente supuesto, tal y como solicita el Ministerio Fiscal (...), acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”.
