Al frente de las pesquisas está el ex comisario policial John Jamieson, que ha revisado 35 denuncias en los últimos cinco años, la mayoría ocurridos entre 1950 y 1960, pero en algunos casos las víctimas ya han muerto.
“Si hay alegaciones de actividad criminal, recomendamos que si la persona está viva, vaya también a la Policía”, dijo Jamieson, quien añadió que muchos de los denunciantes “quieren que sea la Iglesia la que se encargue”.
Uno de los casos es contra un sacerdote retirado, y en otro hay razones para dudar de su veracidad, según la jerarquía eclesiástica.
Por otro lado, la Iglesia católica colombiana aceptó ayer la condena a casi siete años de prisión impuesta a un sacerdote procesado por abusos sexuales de un menor y llamó a los ciudadanos a colaborar en el esclarecimiento de ese tipo de delitos.
La Iglesia respeta el “pronunciamiento de la jurisdicción penal”, dijo el obispo Jaime Prieto, de la diócesis de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.
Chona, que estaba suspendido de sus funciones sacerdotales desde 2006, fue hallado culpable del delito de “acceso carnal abusivo en circunstancias de agravación en menor de 14 años”.
