El Defensor de la Infancia pide mantener los colegios rurales para evitar una despoblación

El Defensor de la Infancia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha subrayado este miércoles la necesidad de mantener los colegios rurales para evitar la despoblación, y ha destacado la calidad educativa de la atención que reciben los alumnos de estos centros.

Así se recoge en el Informe Especial 'La atención educativa al alumnado en los colegios rurales de Andalucía: retos y propuestas', que ha entregado hoy al presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre.

Según el estudio, en estos centros -donde estaban matriculados 11.483 alumnos y alumnas en el curso 2020/2021- el grado de satisfacción de las familias alcanzó el 95 % (entre bueno y muy bueno), valoración que disminuye al aumentar el número de estudiantes.

Maeztu ha abogado por una reducción de la ratio y por fomentar el conocimiento de estos colegios con el objetivo de "prevenir" que las deficiencias en el ámbito educativo sean un elemento más para el abandono de los pueblos, ya que la escuela es una de las razones de permanencia en el territorio.

"El conocimiento de la realidad y bondades de la educación en el mundo rural debe ser difundido como incentivo para que las familias opten por este tipo de enseñanza y su consiguiente traslado a muchas zonas rurales de Andalucía, contribuyendo de ese modo a frenar los procesos de despoblación", ha afirmado Maeztu.

El Defensor ha reclamado "la continuidad o, en su caso, la creación en determinadas zonas andaluzas de estos recursos educativos, proporcionándoles todos los medios necesarios para atender sus singulares y específicas necesidades".

Entre las medidas que ha planteado destacan la reordenación de algunos colegios públicos rurales para que se puedan adaptar a la demanda actual y futura, así como una normativa específica que contemple sus peculiaridades, como las medidas para la matriculación o los servicios educativos complementarios (aula matinal, comedor escolar, transporte).

Maeztu ha propuesto un plan para evitar la pérdida de unidades y la elaboración de un mapa específico e integral para la identificación de los recursos disponibles.

Asimismo, ha hecho hincapié en la mejora de las condiciones técnicas y ambientales de las instalaciones con la colaboración de la administración educativa y los ayuntamientos, además de solicitar medidas de discriminación positiva en materias TIC para evitar la brecha digital, al existir dificultades en la enseñanza en 8 de cada 10 colegios.

También ha pedido protección para el alumnado afectado por discapacidad; un reconocimiento público y la mejora de la estabilidad del profesorado y resto de profesionales que prestan servicios; estimular la participación de las familias, y reflexionar sobre la extensión de la continuidad de las enseñanzas al primer y segundo ciclo de la ESO.