El Ayuntamiento de San Fernando ha comenzado a retirar los 150 vehículos que se encontraban almacenados en el depósito de la Jefatura de la Policía Local. La retirada de estos vehículos se debe a la apertura de un expediente sancionador por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul, abierto por las denuncias sindicales y a la presión ejercida por los partidos de la oposición.
Dicha delegación ha realizado una propuesta de sanción al Ayuntamiento isleño que podría alcanzar un valor total de 900.509 euros. La Junta de Andalucía considera que presuntamente se han infringido dos leyes. La Ley 7/2022 de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular por "el incumplimiento de las obligaciones del productor inicial u otro poseedor de residuos peligrosos, relativas a la gestión de sus residuos, reguladas en el artículo 20" y la Ley 7/2007 de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental por "el incumplimiento de las prescripciones de la presente ley en materia de residuos, cuando la actividad no esté sujeta a autorización específica en dicha materia, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas"
Se le ha exigido al Ayuntamiento de San Fernando adoptar medidas cautelares, entre las que se encuentra la retirada inmediata de los vehículos, ya que se consideran como residuos peligrosos.
Esta situación es debida a que el contrato vigente para la eliminación de los vehículos retirados de la vía pública por abandono expiró en 2020; desde entonces no se había licitado un nuevo contrato.
Para la retirada de estos vehículos abandonados se ha tramitado con perentoriedad un contrato en el que se fija un mes de plazo para la retirada y tratamiento en centros autorizados de estos coches. Este contrato se ha adjudicado por un precio de unitario a abonar a la administración local de 160 euros por turismo, sin que reporte ningún gasto al Ayuntamiento.
