La consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) ha presentado un nuevo informe ante la Audiencia Nacional que avala las cuentas del Banco Popular durante la etapa en la que Ángel Ron ostentó la presidencia de la entidad, resuelta en junio de 2017 con la venta del 100% de su capital social por un euro al Santander.
Esta nueva pericial pone punto y seguido a las redactadas por los peritos del Banco de España y el asesor sénior del FMI, José Antonio Iturriaga, que cuentan con sendas ampliaciones con fecha del 14 de marzo y 12 de abril del presente año.
Por tanto, en apenas dos meses, el juez del caso Popular, José Luis Calama, se ha encontrado con tres nuevos dictámenes a apreciar antes de concluir la instrucción, cuya fecha límite expiraría este próximo sábado, siempre y cuando el magistrado no decida decretar una nueva prórroga.
Según este nuevo informe, que lleva la rúbrica de dos prestigiosos catedráticos y un profesor titular de la universidad de Alcalá, las cuentas del Banco Popular de 2015 y 2016 “expresaban la imagen fiel y cumplían siempre con la normativa” y que PwC, la consultora encargada de coordinar las auditorías de las cuentas anuales de la entidad entre 2009 y 2015, “trabajó siempre de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría Españolas (NIA-ES)”, concluyendo que “los estados financieros del Popular se habían elaborado de acuerdo a las normas contables aplicables en cada momento”.
Asimismo, y según afirman taxativamente los catedráticos, los informes de PwC fueron “sin salvedades” ya que, tanto la información financiera de la ampliación de capital – en sintonía con lo expuesto anteriormente por Iturriaga en su pericial – como la de las cuentas de 2016 (elaboradas según la norma aplicable) fue “completa”.
REFINANCIACIÓN Y ACTIVOS ADJUDICADOS
En este sentido, los peritos insisten en que, a pesar de las “continuas modificaciones e interpretaciones que hacía el supervisor”, el Banco Popular también cumplía con la normativa contable en materia de refinanciaciones y que durante el período comprendido entre septiembre de 2013 y febrero de 2016 la comunicación con el Banco de España “fue constante” a raíz del proceso de adaptación de las cuentas de la entidad a los nuevos criterios normativos.
Tal y como había señalado también en su momento el asesor del FMI Iturriaga Miñón el organismo regulador no emitió requerimiento alguno al Banco Popular durante aquel período lo que, a juicio de los catedráticos de la universidad de Alcalá, indicaba que el Banco de España “estaba satisfecho del resultado” y que, por tanto, el Banco Popular no habría dejado de cumplir las recomendaciones de la Carta Roldán.
En lo referente a la valoración de activos inmobiliarios, esta nueva pericial concluye además que el Banco Popular también habría cumplido con la normativa contable aplicable en cada momento, “tanto en tasaciones como en el modelo utilizado”. Y que, a pesar de que la Circular 4/2004 “no lo exigía”, el 95% de los activos de la entidad “tenían una tasación actualizada en 2015 o 2016”, mientras que un 86% de estas habían sido realizadas por “sociedades de tasación oficiales”. Todo ello después de que, en 2014, la entidad también hubiese superado tanto los test de estrés como los exámenes de calidad de activos (AQR) del Banco Central Europeo.
