La Fiscalía ha pedido penas de prisión y multas para los ocho responsables de la actividad extractora en la cantera de la Fuente de la Peña, en Jaén capital. También pide cárcel para el asesor técnico de la Junta de Andalucía que emitió un informe a favor de la prórroga durante 30 años de la concesión. A todos ellos les acusa de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
En concreto, según consta en el escrito de calificación recogido por Europa Press, para cada uno de los ocho responsables de la actividad extractora el Ministerio Público pide inicialmente que se les condene a seis años de prisión y al pago de 18.000 euros en multas. A esto se le añade la inhabilitación especial por cinco años para la gerencia, dirección o trabajo en cualquier empresa o industria de extracción o tratamiento de minerales.
En el caso del funcionario público, la Fiscalía de Medio Ambiente pide una condena de un año de prisión, el pago de una multa de 7.200 euros y diez años de inhabilitación especial para el empleo de asesor técnico de minas de la Junta de Andalucía.
Además, en concepto de responsabilidad civil, para el conjunto de los nueve acusados, la Fiscalía reclama restauración y rehabilitación completa del daño ecológico y ambiental ocasionado por la explotación del recurso minero y la cantera en el monte público Solana de la Fuente de la Peña.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Jaén también han emitido su escrito de calificación provisional en el que reclaman tres años de prisión para ocho acusados, mientras que para el funcionario de la Junta de Andalucía que emitió un informe a favor de la prórroga durante 30 años de la concesión, se le piden dos años de cárcel.
De esta forma, se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Jaén, cuatro acusados como titulares de la concesión y otros cuatro más como representantes de las mercantiles arrendatarias que sucesivamente explotaron la cantera ubicada sobre monte público. A ellos se suma el asesor técnico de la Junta. En total nueve acusados por la actividad desarrollada en esta cantera, situada escasos kilómetros del casco urbano de Jaén, y que está cerrada desde 2017.
Fue la Fiscalía de Medio Ambiente de Jaén la que en mayo de 2018, y a partir de un escrito de denuncia de Ecologistas en Acción, determinó que había indicios de un delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales, además de otro delito continuado contra la ordenación del territorio y el urbanismo, extremos que hasta en dos ocasiones rechazó el juez instructor al acordar el sobreseimiento de las actuaciones.
Sin embargo, tras recurrirlo Fiscalía de Medio Ambiente, la Audiencia de Jaén desestimó en las dos ocasiones el archivo por lo que el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén se vio obligado a reabrir el caso, que se encuentra pendiente de señalamiento.
En un escrito de acusación de casi una treintena de páginas, la Fiscalía detalla exhaustivamente todos los daños ocasionados y sobre todo pone el acento en que no se ha cumplido con "la obligación de restaurar" ni por los titulares de la concesión y explotadores ni por el director técnico facultativo de la explotación, como responsable del cumplimiento del plan de restauración.
Como ha venido sosteniendo la Fiscalía, desde 2008 y hasta la actualidad no se han adoptado "medidas de restauración y correctoras de protección del entorno natural y del paisaje del monte público a que venían obligados en virtud del Plan de Restauración aprobado en el año 2008".
Fiscalía apuntaba que la actividad extractiva, apertura de caminos y movimiento de tierras se ha venido realizando desde el año 1981 "careciendo de licencia municipal y contraviniendo la normativa urbanística, territorial y sectorial que no permite tales actividades y obras en el lugar en el que se han realizado" ya que se asienta sobre suelo no urbanizable de especial protección.
Entre algunas de las repercusiones negativas para el Medio Ambiente, se establece que la explotación de la cantera y la extracción de caliza del monte publico, ha supuesto "un movimiento de grandes volúmenes de piedra que ha ocasionado una modificación de la topografía original del terreno". Además, la no realización de trabajos de restauración ha afectado al hábitat de interés comunitario identificado en la zona y se incluye también perjuicios para los anidamientos de águilas perdiceras.
El clamor por el cierre de la cantera, situada a menos de dos kilómetros del núcleo urbano, conllevó manifestaciones, recogida de firmas y múltiples protestas hasta que la Junta de Andalucía en junio de 2017 declaró la caducidad de la concesión de la cantera y por tanto, la paralización inmediata de la actividad.
A ello se sumaría en diciembre de 2017 la decisión del Ayuntamiento de Jaén de poner fin al aprovechamiento sobre la cantera de la Fuente de la Peña. Todo ello, sumado al trabajo de Fiscalía de Medio Ambiente en Jaén, ha permitido que este caso no se haya archivado y haya llegado a la Audiencia, donde finalmente será enjuiciado, una vez sea señalado.
Desde el Ayuntamiento se sostiene que la explotación de la cantera, también conocida como La Quebrada, se ha venido llevando a cabo desde 1985, contraviniendo las leyes y disposiciones generales protectoras del medio ambiente mediante extracciones, excavaciones, aterramientos y depósitos sobre el suelo, emisiones a la atmósfera, vibraciones y ruidos. Todo ello careciendo de la autorización del titular de los terrenos, que es el Ayuntamiento.
Inciden los servicios jurídicos municipales que desde 1990 los acusados han venido llevando a cabo labores de extracción y lo han hecho, de "unilateral" puesto que no contaban para ello con la autorización del Consistorio como propietario de los terrenos, aunque sí con licencias otorgadas por la autoridad minera.
En lo que respecta al funcionario de la Junta que tendrá que sentarse en el banquillo, el Ayuntamiento le acusa de haber informado favorablemente para el otorgamiento de la prórroga de la concesión de la explotación minera por un periodo de 30 años y haberlo hecho sabiendo que no se cumplían los requisitos legales necesarios.
En cuanto a la responsabilidad civil, el Ayuntamiento ha solicitado que los acusados indemnicen a las arcas municipales, de forma conjunta y solidaria, en la cantidad que fije el Ministerio Fiscal.
