Tras rechazar la propuesta de la ONU para el establecimiento de una comisión internacional, el Gobierno de Benjamín Netanyahu mantuvo un tira y afloja de dos semanas con sus principales aliados en el extranjero que finalizó ayer con el anuncio de la creación de una comisión interna que estará encabezada por el juez retirado del Tribunal Supremo israelí, Jacob Turkel.
Esta tendrá una capacidad investigadora limitada y tiene como objetivo “aclarar” los hechos y no atribuir responsabilidades a los políticos y militares que tomaron las decisiones.
Su mandato será determinar si las acciones del Estado de Israel para impedir la llegada de la flotilla humanitaria a Gaza se realizaron de acuerdo al derecho internacional y, también, pronunciarse sobre la legalidad del bloqueo marítimo que Israel impuso a la franja palestina en 2006 y endureció un año más tarde.
Los miembros de la comisión no podrán interrogar a los soldados que participaron en el abordaje, que tuvo lugar en aguas internacionales, y sólo podrán tomar testimonio al jefe del Estado Mayor, el general Gaby Ashkenazi.
Los soldados sí responderán a las preguntas de un grupo de expertos formado por el Ejército para aclarar lo sucedido, a cuyos resúmenes podrá acceder la comisión creada ayer.
Aún está por ver si el diseño y el mandato anunciados por Israel para esta comisión investigadora son considerados suficientes por la comunidad internacional, que inmediatamente después del ataque a los barcos condenó los asaltos y exigió el esclarecimiento de los hechos.
El Consejo de la Unión Europea, que trató el tema en la mañana de ayer, exigió una investigación “inmediata, completa e imparcial” y demandó que esta incluya “participación internacional creíble”.
El grupo que encabezará Turkel contará con la presencia de dos extranjeros, el norirlandés William David Trimble, premio Nobel de la Paz, y el canadiense Ken Watkin, ex fiscal general del Ejército de Canadá, pero ninguno tendrá derecho a voto y su presencia se limitará a la de meros observadores.
Turquía, país del que eran nacionales buena parte de los alrededor de 700 activistas de la flotilla y bajo cuya bandera navegaba el Mavi Marmara, en el que se produjeron los nueve muertos y decenas de heridos, rechazó ayer de plano la comisión israelí.
“De acuerdo con el derecho, no se puede ser el acusado y el fiscal al mismo tiempo”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, que dudó de la imparcialidad de Israel para llevar a cabo una investigación sobre sus propias acciones y pidió que se establezca una comisión internacional.
El presidente palestino, Mahmud Abás, también declaró ayer en París que la comisión anunciada por Israel “no se corresponde con la propuesta que hizo el Consejo General de la ONU”el día siguiente del ataque, modelo que apoyan los palestinos.
Netanyahu intenta con esta comisión dar una respuesta convincente a la comunidad internacional, pero sin perjudicar su imagen interna y sin olvidar “salvaguardar la libertad de acción del Ejército y la investigación militar”.
