El Ayuntamiento de Sevilla está obligado a establecer una tasa específica sobre la gestión de los residuos que incluya el coste de todo el tratamiento y gestión, incluyendo el gasto que cada entidad local asume por enterrar en vertedero la basura, pero no lo hará en los presupuestos de 2024. “Se está estudiando”, reconocía el delegado de Hacienda Juan Bueno a Viva, pero confirmaba que no será en el nuevo presupuesto que ahora se redacta para buscar el apoyo del resto de grupos de la oposición, al no tener el PP mayoría absoluta en el Pleno. Pero el Ayuntamiento, como el resto de los municipios, no tiene mucho margen y en abril de 2025 será obligatorio para todas las entidades locales.
No es baladí trasladar esta nueva carga a la fiscalidad de Sevilla, dado que parte de la tasa de basura se incluye en el recibo del agua en el caso del ámbito doméstico y ya ha sido objeto de negociación en las ordenanzas fiscales para evitar que el incremento del coste de la subida de Emasesa se trasladara también a la basura y que el PSOE incluyó como una de sus enmiendas, aprobadas por el PP en el último pleno extraordinario en el que los populares sacaron adelante sus primeras ordenanzas fiscales.
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular de 7/2022 estableció un impuesto a vertedero que se cobra ya desde el 1 de enero de 2023. Lo pagan directamente los Ayuntamientos desde su implantación pero la ley establece que “las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía”.
El plazo expira en abril de 2025, según se extrae del artículo 11.3 de la ley, y son pocos los ayuntamientos que lo han implantado. De hecho, la mayoría de ellos, incluidos Sevilla y los que llevan sus residuos a la Mancomunidad de Los Alcores, están estudiando cómo llevarlo a cabo pero todos han decidido abonar “a pulmón” el coste de este impuesto, que cobra la Junta y una vez que la Ley de Economía Circular de Andalucía contemplaba de forma ambigua que la recaudación se destinaría a “políticas de economía circular”, sin que revertiera directamente en las entidades locales o mancomunidades que gestionan estos residuos.
La norma estatal califica esta carga fiscal como un “instrumento económico clave para avanzar en la economía circular y en la consecución de los objetivos para la reutilización y reciclado en materia de residuos”. Su objetivo principal es desincentivar la práctica de tirar a vertedero o incinerar los residuos sólidos urbanos de los municipios para contribuir a la reintroducción de los materiales de los residuos otra vez en la economía, como por ejemplo los reciclados.
Con ese objetivo, se establecen esas tasas impositivas, de 15 a 40 euros por toneladas, según el tipo residuo del que se esté hablando y su tratamiento o no, buscando bajar en un 13% los residuos generados en 2025 y en un 15% en el año 2030. Sevilla, al tener Lipasam una planta de transferencia y pretratar los residuos recogidos en cada uno de los contenedores de recogida separada, abona una media de 30 euros por tonelada pero el coste se eleva ya en los tres primeros trimestres del año a 5,5 millones de euros.
Mancomunidad de Los Alcores
El problema paralelo al que se enfrenta Sevilla es el estado de la Mancomunidad de Los Alcores, cuyas irregularidades administrativas ya han sido denunciadas por el Tribunal de Cuentas, y la obsolescencia que presentan las instalaciones de la planta de Montemarta-Cónica que gestiona en prórroga forzosa la empresa Aborgase desde el año 2016 y no sin polémica, como el “cierre patronal” que efectuaron hace tres meses, entre otros aspectos, al no abonar los municipios las partidas actualizadas de sus servicios.
Tras las elecciones municipales, el PP se ha hecho con el control de la Mancomunidad de Los Alcores y es ahora José Romero Suárez, concejal de Servicios, Parques y Jardines, Limpieza y Coordinación de Barrios del municipio de Mairena del Alcor el que ha asumido la Presidencia de una entidad con una situación muy compleja. “Vengo a trabajar y a poner todo en su sitio, paso a paso, aquí no se había hecho nada y ahora estamos dando pasos”, aseguraba a Viva.
Romero Suárez, que confirmaba que ninguno de los ayuntamientos ha establecido ya ese impuesto, “lo están planteando pero sólo lo estamos pagando”, ha confirmado que los funcionarios que ya se han incorporado, secretario y tesorero, están redactando el nuevo pliego para la concesión administrativa del servicio. “Estamos viendo los terrenos, qué tipo de planta queremos y trabajando con los ayuntamientos”, decía sin adelantar previsión alguna de fechas para la salida del nuevo concurso.
Mientras, están intentando solventar las 25 deficiencias administrativas detectadas por el Tribunal de Cuentas, de las que ya se han solventado “unas 17 o 19” y se han regularizado los pagos a Aborgase, con una comisión de seguimiento en la que se abordan estos aspectos y empezando a hablar con la Diputación de Sevilla, que cuenta con un Plan de Residuos no Peligrosos. “Estamos todos a una y muy respaldados por Sevilla, con muchas ganas para poner a la Mancomunidad donde tiene que estar”, decía Romero Suárez.
La planta de Montemarta-Cónica ubicada en Alcalá de Guadaíra se considera una de las menos eficientes de Andalucía y ya un informe de la ONG Rethinking calculaba con los datos de 2018 que enterraba en vertedero el 85,9% de las 425.287 toneladas que le llegaban de basura, cuando la recuperación de los materiales reciclables podría reportarte en total 18 millones de euros, pero con sólo un porcentaje de recuperación del 20%, se reduce a los tres millones, por lo que “se tira al vertedero” unos 15 millones.
