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Sevilla

4.500 viajeros usan la lanzadera de la Ciudad de la Justicia, que acumula más críticas

El alcalde supervisa la nueva línea de Tussam mientras continúan las críticas a la adaptación de Palmas Altas como sede de la Ciudad de la Justicia

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  • Asociaciones de jueces piden "replantear" la adecuación de Palmas Altas al no reunir "las condiciones mínimas"

Unos 4.500 pasajeros han utilizado la nueva lanzadera de la Ciudad de la Justicia desde el Prado de San Sebastián hasta la Ciudad de la Justicia, que cuenta con paradas intermedias en el Paseo de las Delicias y en el centro comercial cercano a Palmas Altas, según ha revelado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que ha comprobado este martes su funcionamiento haciendo uso de la nuieva línea, que lleva funcionando apenas una semana.

La frecuencia de paso de la lunea línea es de unos 15 minutos y presta su servicio desde la siete de la mañana hasta las once y media de la noche, con cabecera en la Avenida del Cid y tres paradas, dos intermedias, y la final en Palmas Altas.

Según ha recordado el alcalde, la terminal en el Prado de San Sebastián posibilita el transbordo con Metro, Metrocentro y numerosas líneas de Tussam, facilitando así la accesibilidad desde cualquier zona de la ciudad. Y, en la parada del Paseo de las Delicias se posibilitará el transbordo con las líneas 3 y 6 que conectan, además de Los Remedios y Triana, todo el sector Norte de la ciudad y la estación de autobuses de Plaza de Armas.

El alcalde ha manifestado que “me comprometí a mejorar la accesibilidad con la llegada de la Ciudad de la Justicia a Palmas Altas, no había nada planificado y en estos meses hemos estado trabajando con agilidad y eficacia, de manera que la lanzadera ya es una realidad y seguiremos trabajando para introducir más mejoras de movilidad y transporte público”.

Siguen las críticas a la Ciudad de la Justicia

Mientras el Ayuntamiento se centra en el tema de movilidad, las críticas a la Ciudad de la Justicia no cesan, hasta el punto de que las asociaciones de jueces, entre ellas Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, han reclamado a la Consejería de Justicia que "replantee la intervención" acometida en el edificio A del complejo de Palmas Altas, ya que "no reviste las condiciones mínimas" para la actividad de la administración de justicia.

Las asociaciones consideran que "el traslado a Palmas Altas no se producido buscando la mejora del servicio de Justicia", recordando que "hasta la fecha, se encontraban todas las sedes judiciales muy cercanas entre sí, en el eje Prado-San Bernardo, funcionando a plena satisfacción de los justiciables y profesionales", ante lo cual el traslado al nuevo centro de Palmas Altas "va a suponer un grave retroceso".

Sobre el bus lanzadera que ha supervisado Sanz, las asociaciones mostraban su "preocupación ante las dificultades de acceso al lugar, no habiéndose ofrecido una solución satisfactoria a la cuestión del transporte a esa zona de expansión de la ciudad que aún no está desarrollada, lo que dificultará extraordinariamente el acceso de trabajadores y, sobre todo, de ciudadanos y, sin duda, acarreará retrasos en trámites, suspensiones de juicios y, en definitiva, inconvenientes para las personas destinatarias del servicio".

Además, avisan de que "el edificio, en su integridad, no reviste las condiciones mínimas para el desempeño de la actividad judicial", pues como ejemplo, "los despachos asignados a los magistrados titulares de los órganos judiciales son pequeños cubículos tipo celda que no disponen de espacio para la instalación de elementos esenciales en la labor judicial, tales como un armario donde depositar la toga o estanterías para libros o expedientes, o para recibir a profesionales o jueces en prácticas".

Del mismo modo, alertan de que "las oficinas judiciales están concebidas como un espacio común, sin separación de los funcionarios de cada Juzgado, dificultan la relación entre el personal del Juzgado y los titulares de los órganos judiciales con unas mínimas condiciones de privacidad", extremos ya planteados a la Administración autonómica en otras ocasiones, según las asociaciones.

Por eso, reclaman "replantear la intervención realizada en el edificio de Palmas Altas", donde la Administración andaluza esgrime haber invertido más de 1,2 millones de euros exclusivamente en su adecuación.

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