—Una Consejería como la suya, en época de crisis, ¿cómo enfoca sus prioridades?
—Esas cuestiones hay que verlas en el ámbito del Gobierno, que en un presupuesto general que cae más de un 6% esta Consejería suba un 1% este año, con partidas, como las de Dependencia, que sube un 8%. Es una forma de poner de manifiesto la voluntad política de un Gobierno a la hora de priorizar las inversiones. En la Consejería también hay que priorizar inversiones y pasa porque seminarios, jornadas o ayudas económicas para que se realicen, no se hacen. La prioridad en esta Consejería pasa por la atención directa a las personas, concierto de plazas, atención a dependientes o personas con discapacidad, menores, drogas y adicciones.
—El tema de la prioridad se tiende a confundir con recortes y es una crítica política muy habitual.
—Para mi priorizar y recortar son dos cosas diferentes, cuando hablas de recortar se habla en el conjunto, priorizar significa que hay cosas que no vas a hacer pero que hay otras que se van a mantener y que se siguen aumentando en función de las necesidades. Otras, como Discap o la Feria de los Mayores, que hace tres años se hacían y ahora no se hacen.
—Que llevan priorizando dos años...
—Desde que empezó la crisis, desde 2008. Empezamos a priorizar otro tipo de inversiones y es lo que está haciendo posible el ritmo de crecimiento en plazas residenciales, unidades de estancia diurna, ayuda a domicilio... Si no los hubiéramos hecho, probablemente tendríamos un estancamiento, porque los recursos no se improvisan, necesitan de un tiempo de recorrido. Andalucía tiene 231.000 prestaciones por Ley de Dependencia y estamos dando respuesta a 177.000 personas, porque a pesar de la crisis seguimos haciendo compatible determinados servicios. Y Andalucía tiene un 55% de las prestaciones relacionadas con servicios y el 45% ayuda económica para cuidados en el entorno familiar, cuando hay comunidades que por encima del 77% son ayudas económicas.
—Algo que ha pretendido cambiar.
—Lo seguimos intentando cambiar todos los días, porque entendemos que la prestación del servicio nos garantiza una mayor calidad en la atención y, al mismo tiempo, se convierte en un yacimiento de empleo muy importante, hasta este momento más de 45.000 empleos.
—Pero siguen solicitando en primer lugar la prestación económica.
—En muchos casos, pero se está haciendo un magnífico trabajo por parte de los equipos de profesionales de trabajo social para intentar reorientar a las familias sobre el abanico de prestaciones, porque la Ley les permite opinar sobre el recurso, cuando el criterio de los trabajadores sociales debería prevalecer por encima de cualquier otra circunstancia.
—Es necesario cambiar la Ley para modificar ese aspecto...
—El diagnóstico sanitario o de un médico no se pone en cuestión, el de un trabajador social tampoco debería ser discutido, salvo aquellos recursos en los que las personas no pueden ingresar en contra de su voluntad. Hay que aprovechar la evaluación de la Ley para poder introducir esa posibilidad en el Parlamento.
—¿Y por qué cree que la gente opta por lo económico antes?
—Hay una cuestión cultural, mucho sentimiento como de culpa por llevar a un familiar a un recurso. Es noble pero hay que darle la vuelta porque cuando una persona necesita cuidados especiales, tenemos que correr para que lo atiendan los mejores profesionales que están en el ámbito social. La ayuda económica, en estos momentos, supone también una ayuda para la familia. Pero estamos hablando de un derecho personal, individual.
—¿La Ley prevé esos casos?
—La Ley sí prevé esos casos, la ayuda económica era excepcional y se está convirtiendo en la norma. Hay comunidades que el 80% son prestaciones económicas.
—Pero eso tendrá que ver los servicios que se prestan.
—Sin ninguna duda, tiene todo que ver.
—Es lo que comentaba usted hace unos días, que cuesta menos pagarle un alquiler a un sin techo que la prestación que se le puede dar.
—Porque en esos casos se está haciendo una inversión que no permite un trabajo en el que se cambien las actitudes, son personas sin hogar con perfiles muy complejos. No es fácil y no es una cuestión sólo de dinero. Si sumamos los recursos de ayuntamientos, Junta y las organizaciones que los atienden, probablemente se les podría dar una respuesta mucho más digna. Sigue siendo una asignatura pendiente que tenemos que intentar solventar a través de los grupos multidisciplinares.
—Pero aparte de esos excluidos, la crisis está dejando otros excluidos que imagino han incrementado la petición de servicios.
—Pero ahí hay que diferenciar. Hay un grupo de población que tienen una situación de exclusión o semiexclusión con el que se viene trabajando, que conocen perfectamente cuales son los resortes y recursos a los que pueden acceder y conocen cada uno de los circuitos de las administraciones públicas y de las ONG. Pero hay otro grupo que me preocupa especialmente, aquellas personas que jamás han tenido necesidad de nada ni de nadie, que han pagado sus impuestos religiosamente para que otras personas que no tenían tuvieran derechos, que ahora la crisis los ha dejado sin empleo o con problemas de vivienda pero que no conocen ese tipo de ayudas. Y normalmente tienen pudor porque entienden que no son el perfil de persona que utiliza ese tipo de recursos cuando tienen el mismo derecho a hacer uso de ellos, como el salario social, por ejemplo.
—¿Se ha incrementado?
—Sí se ha incrementado. El presupuesto del año pasado de salario social era de 40 millones y cerramos, porque es abierto, en 60 millones. Pero no ha subido tanto porque es incompatible con otro tipo de prestaciones. Lo que tenía una cobertura amplia era lo de los 426 euros del desempleo.
—¿Esperan que este año suba?
—Evidentemente, cuando vayan terminando esos derechos, recurrirán a este tipo de recursos.
—¿Pero se dejan ayudar?
—No es que no se dejen, es que estas familias tienen un perfil completamente diferente. En este país se habla mucho de clases medias pero las hay porque no tienes que invertir en educación, en sanidad, en pensiones. Hay que llamar la atención sobre el mantenimiento de determinadas políticas, la gratuidad de los libros de texto o los medicamentos hasta un año, el transporte escolar. Son prestaciones que no le cuestan dinero a las familias, es un apoyo indirecto, cuando vemos comunidades que donde primero han empezado a recortar ha sido por ahí.
—Es decir, que no hay recortes.
—Si hay recortes no puedes seguir abriendo plazas residenciales, como la de sordociegos de Granada, que además de los 4 millones de inversión, una plaza cuesta 3.000 euros mensuales.
—¿Y lo paga cada uno?
—No, lo pagamos nosotros. La prioridad que se ha hecho con los impuestos que pagan los andaluces es que una persona mayor que tiene una pensión no contributiva, si una plaza vale 1.600 o 2.000 euros, la pueda tener, y lo que falta se paga con dinero público. Yo tengo que ser atendido en función de mi necesidad, no en función de los recursos que tengo.
—Y no es sólo la plaza, son personas trabajando...
—Es que esa es una de las visiones... No hay recortes, es mi batalla permanente. Ahora, me dices es que no ha hecho usted tal cosa, vale. Pero que me digan que hay recortes cuando hablamos de plazas residenciales, es que no lo puedo soportar. Es que el 54% de la ayuda a domicilio que se presta en España se presta en Andalucía. Los ayuntamientos pagan entre el 30 y 40% de la ayuda a domicilio, en Andalucía no pagan nada y además se lo damos por adelantado. Para los servicios de ayuda a domicilio, desde 2008 incluido 2010, 578 millones. Y eso lo manejan los ayuntamientos. Y luego viene (Esperanza) Oña y nos pide hasta el dinero de los clips.
—Pero a Oña no la convence...
—Ella llevará el agua a su molino pero políticamente es una maniobrera...
—Cambiando de tema, ¿servirá el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género?
—Si yo supiera que no va a funcionar no se me ocurriría ponerlo en marcha aunque la Ley lo contemple. Lo que pretende es que sea un foro de reflexión y debate sobre distintas propuestas para coordinar las actuaciones. La mayor preocupación es que haya en Andalucía 16 mujeres asesinadas y sólo una haya puesto denuncia. Podemos tener todas las leyes que queramos, 20 policías para cada mujer pero mientras no haya conocimiento público del delito, es imposible abordarlo. Hay dispositivos muy diferentes, todos sirven, pero la mayor impunidad para un maltratador es que no se presente denuncia.
—Hay asociaciones que piden algún servicio para las mujeres antes de poner las denuncias.
—Soy partidaria de que antes de presentar la denuncia la mujer tenga asesoramiento y apoyo. Pero es muy difícil ir preguntando por la calle quién quiere poner una denuncia. Probablemente es un papel muy importante que pueden jugar las organizaciones de mujeres, más que las propias instituciones.
—¿Y sobre la polémica de las denuncias falsas?
—¿Denuncias falsas? Mentira.
—Se está asentando que existen ese tipo de denuncias...
—Por favor, es protección del derecho a vivir sin violencia y garantía de actuar contra un maltratador, no contra los hombres. ¿Cuando salimos a la carretera creemos que la Guardia Civil está contra los automovilistas? La Ley Integral sólo va contra los que infringen la Ley y hacer otra lectura es hacer una lectura perversa y mezquina. ¿Denuncias falsas? Es un delito y si una mujer pone una denuncia falsa me gustaría que tuviera la condena correspondiente y a ser posible un plus. Pero me parece una auténtica barbaridad que estemos poniendo permanentemente a las mujeres bajo sospecha.
—¿Culpamos al neomachismo?
—Es que no hay ningún argumento sólido, ni científico ni estadístico, que nos pueda demostrar que existe esa perversión de la Ley. Si la Ley fuera en contra de los hombres, yo también estaría en contra de la Ley.
—La crítica a la gestión se confunde a veces con la crítica a la Ley.
— La eficacia en la gestión siempre puede ser mejorable pero cuando se critica el instrumento es una manipulación política, aunque no se haga desde ámbito y por personas que dicen que no son políticas. Aquí hacemos política hasta en la cola del pescado.
