Así lo anunció ayer la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha subrayado que con esta norma el Ejecutivo quiere “construir una sociedad que no humille a nadie” y que “no permita que nadie sea humillado”.
“Una sociedad donde sentirse seguro y, sobre todo, sentirse amparado por la ley”, destacó la titular de Sanidad, Política Social e Igualdad.
El Ejecutivo quiere así “sacar a la luz” los problemas de discriminación de la sociedad española y ofrecer tratamiento político, jurídico y social adecuado a los mismos, tal y como señaló Leire Pajín.
La ministra afirmó que la ley tiene como objetivo completar el desarrollo del artículo 14 de la Constitución, que reconoce el derecho a no ser discriminado por nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión y que ahora también se garantiza el derecho a no serlo por edad, discapacidad, enfermedad o por orientación e identidad sexual.
Asimismo, indicó que el anteproyecto incorpora por primera vez todas las definiciones en materia de discriminación que existen en la UE: por asociación, por error, por discriminación múltiple, por acoso discriminatorio, inducción o instrucción y por represalias.
Pajín señaló que España con esta ley, que estaba incluida en el programa electoral del PSOE en las pasadas elecciones, se suma a otros países de la UE que ya tienen una legislación específica en esta materia y ha aclarado que no conlleva una reforma del Código Penal.
La ministra explicó que la norma permitirá “el disfrute en igualdad de oportunidades de los derechos que reconoce la Constitución”.
“Se trata de garantizar derechos, no de crearlos”, insistió la titular de Sanidad.
Además, la ministra aseveró que el texto supone “un paso más basado en el reconocimiento de la diversidad de la ciudadanía como activo social”, así como una apuesta de futuro para la convivencia y cohesión social de España.
