La consejera de Agricultura, Agua y Desarrollo rural, Carmen Crespo, ha señalado en el Pleno del Parlamento andaluz que mantiene la colaboración con el Gobierno central para la Declaración de Impacto Ambiental de la EDAR de Matalascañas, en Almonte, toda vez que se está "intentando mejorar el proyecto para que esa EDAR cuente con terciario -aguas regeneradas-".
En este sentido, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Vox durante la sesión del Pleno del Parlamento, la consejera ha incidido en que a pesar de que esta obra es "de Interés del Estado, el presidente tuvo a bien abonar el 50% de la obra", por ello, la Junta está "empujando" para que esta evaluación se apruebe.
En este sentido, ha recordado que la obra está pendiente de evaluación ambiental por parte del Gobierno, pero ha explicado que "los informes de pesca y agua han sido positivos", pero se ha hecho una "apreciación" porque "se le ha dado la posibilidad al Estado de incorporar terciarios -aguas regeneradas-" porque eso es "fundamental para los intereses de Matalascañas y va a beneficiar a Doñana y va a dar una posibilidad hídrica".
Por lo tanto, Crespo ha reiterado que "solo se ha hecho esa apreciación" para una Declaración de Impacto Ambiental normalizada, que eso es decisión del Estado", pero con "la colaboración de la Junta".
Por otro lado, Crespo también se ha referido a la presa de Alcolea alegando que es una "cerrazón absoluta" que esta infraestructura esté "paralizada", ya que "en estos momentos es una obra fundamental para los intereses de Huelva, porque todos los hectómetros que tuviéramos allí, ya están repartidos en las concesiones de agua". "Es un error de tal magnitud, que tenemos que hacer que esa presa se haga de todas todas y que una presa que está al 23% se termine", ha afirmado.
"Porque teníamos 200 hectómetros cúbicos allí que ya están repartidos en las concesiones de agua. Por lo tanto, tenemos esos menos en esa provincia. Y es un error de tal magnitud que en estos momentos lo está pagando la provincia de Huelva, pero lo vamos a seguir impulsando al igual que el resto de infraestructuras necesarias", ha concluido.
Por su parte, Rafael Segovia ha subrayado que tras las últimas lluvias en la provincia de Huelva "hay embalsado más de 770 hectómetros cúbicos de agua, a lo que habría que añadir la que hay en los acuíferos, que no está cuantificada y que tiene una capacidad para más de 3.000 hectómetros cúbicos", pero ha señalado que "falta la presa de Alcolea para poder embalsar la cantidad que había caído y que tendría capacidad para recoger más de 200 hectómetros cúbicos".
No obstante, el parlamentario de Vox ha puesto el acento sobre la multa a España por "el déficit de la depuración de las aguas" y que "no se debe precisamente a un incumplimiento de la legalidad europea por parte de los agricultores, sino por los gobiernos, y aquí ha influido tanto el del PSOE como el del PP".
"En 2011, año en que accede al poder el PP, una sentencia condena a España por la deficiente depuración de sus aguas en 43 localidades basándose en una directiva de 1991. En 2018, aún quedaban ocho zonas, por lo que hubo una sanción económica que ascendió a 12 millones iniciales más once millones cada seis meses mientras no se corrigiera el problema, finalmente, se alcanzó la cifra de unos 80 millones de euros", ha explicado.
Precisamente, Segovia ha señalado que una de esas ocho depuradoras era la de Matalascañas que, "aunque es responsabilidad principal de la Administración Central del Estado, sí está implicada la Junta".
Asimismo, ha indicado que la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía "ha reconocido que en agosto del 23 que no se dispone de la información suficiente sobre tres aspectos muy concretos del proyecto, habiendo solicitado una ampliación del documento al Ministerio de Transición Ecológica que no han recibido". Por lo que ha interpelado a la consejera si es "normal que hayan tardado más de dos años en darse cuenta de esta apreciación".
