El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, dijo que la situación del consejero de Empleo, Manuel Recio, resulta “a día de hoy insostenible”, por “tapar y ocultar” los escándalos y presuntas irregularidades ocurridos durante la etapa de sus predecesores en el cargo, Antonio Fernández y José Antonio Viera.
Sanz dijo que en la Consejería de Empleo hay en estos momentos un “gravísimo problema que se ha convertido en un escándalo”, donde se han podido producir casos de corrupción, de forma que hay responsabilidades políticas que podrían afectar a los ex consejeros de este departamento.
En dicha trama se han cometido “graves irregularidades permitidas o promovidas” por la más alta dirección de la Consejería, y en este entramado, según el dirigente del PP, quien añadió que se trata de una trama “de socialistas o de ex altos cargos de socialistas” que se han visto beneficiados de esta “trama organizada”.
El PP incluye el “escándalo” del dinero destinado de manera irregular por la Junta a la financiación de EREs de diversas empresas, que se ha cifrado en casi 700 millones, aunque los populares consideran que el montante podría llegar a los 1.400 millones, que son las partidas “comprometidas”.
“En el escándalo de los EREs podemos estar hablando de que la cantidad se puede triplicar respecto a la que se ha estado hablando”, opinó Sanz, quien añadió que también podría haber un entramado que podría afectar a la concesión de cursos de formación, ya que existen empresas de “amigos, familiares y entornos” de socialistas como “grandes beneficiarios” de los cursos.
Sanz lamentó también que pese a que restan por recolocar un tercio de los ex trabajadores de Delphi, la Junta se ha gastado 76,6 millones de euros y no les prometió cursos de formación sino un empleo, y añadió que “como el PSOE no ha cumplido su promesa, todos los andaluces pagamos el incumplimiento”.
“Griñán hablando y presumiendo de las políticas de empleo y, mientras, aquí el escándalo de los EREs, el incumplimiento con los trabajadores de Delphi y el escándalo de los cursos de formación”, argumentó Sanz, quien añadió también el “desastre” de la gestión del SAE, que sólo el 3% de las contrataciones que se hacen.
A este respecto, el ex consejero de Empleo, Antonio Fernández, negó ayer, en declaraciones a la cadena SER, que existiese un acuerdo para “ahuyentar la legalidad” en la promoción y tramitación de ERE en Andalucía,
“Prueba de ello”, a su juicio, es que “durante años, nadie ha acudido a la Justicia por ningún tema relacionada con la gestión que hemos hecho ni IU ni yo”. Insistió en que “nunca ha habido ningún elemento que haya supuesto dañar los intereses públicos”.
El ex consejero de Empleo declaró ayer como testigo en el caso Mercasevilla y dijo que la subvención de 900.000 euros la iba a cobrar la Fundación Mercasevilla y no el Grupo La Raza, cuyos directivos fueron objeto de un intento de cobro de comisiones.
Fernández declaró que siempre creyó que el Grupo La Raza era “asesor técnico” de la operación por la cual se crearía una Escuela de Hostelería en Mercasevilla con una “subvención excepcional” de 900.000 euros por parte de la Junta.
Puesto que el dinero lo iba a recibir la Fundación, Fernández dijo que le parece “un contrasentido” que se le pidiera una comisión.
