El abogado penalista Luis Romero, que representa a la familia del soldado sevillano Carlos León, fallecido por ahogamiento en ejercicio militar en Cerro Muriano (Córdoba) en dicembre de 2023, ha denunciado hoy, públicamente, que el Tribunal Militar de Sevilla lo ha sancionado con un apercibimiento por ofrecer información sobre la investigación, por hablar con los medios de comunicación.
En la que ha sido su tercera rueda de prensa desde que ocurrieron los hechos, Romero ha explicado que va a seguir haciendo uso de su “libertad de expresión” y ejerciendo la defensa de la familia. "Desde la jurisdicción militar se nos ha intentado poner la mordaza. La próxima puede ser una multa de entre 500 y 10.000 euros. Voy a seguir al lado de la familia. Voy a seguir hablando para que estas fatídicas muertes que han ocurrido en la base de Cerro Muriano no vuelvan a ocurrir.”, ha confirmado.
Satisfecho con la imputación de la cadena de mando, ha advertido que “debe investigarse también" al general al mando de la base, Ignacio Olazábal.
De ahí que haya informado de que va a presentar un recurso porque “el auto llega hasta los coroneles” y se ha preguntado “si se les va a apartar del manos al igual que al capitán Ignacio Zúñiga”.
El caso tiene que ser investigado por un juzgado central de Madrid, al haber mandos aforados.
Romero insiste en pedir la imputación del general y el archivo de la investigación contra el sargento Estupiñán. “Ha sido una víctima más”, ha confesado.
El apercibimiento le llega también por las declaraciones realizadas tras las diligencias periciales del pasado 19 de marzo en la zona del accidente.
Según ha confesado, el auto por el que se le ha apercibido es por ser entrevistado en una radio y por hablar con los medios de comunicación de la declaración del capitán el 22 de marzo.
Romero ha reiterado que “los recortes presupuestarios del Ministerio de Defensa” conllevaran el uso de un “material deficiente” y que “no hubiera personal sanitario suficiente” y ha pedido respuesta a las preguntas sobre la investigación.
El abogado penalista afeó al Tribunal Militar la “intimidación”, aún cuando el caso no está declarado como secreto de sumario. Romero ha vuelto a denunciar el “descontrol” el día que se realizó el ejercicio, que provocó la muerte de los soldados.
Este caso, ha explicado, está marcando “precedentes e hitos” por su "insistencia", tales como que es la primera vez que “militares aforados van a ser investigados y, se supone y así se espera, procesados en el Tribunal Militar de Córdoba”.
Ha pedido amparo al Colegio de Abogados de Sevilla por una “intimidación constante” hacia él y otros compañeros que ejercen “la acusación particular".
