El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha realizado un comunicado para aclarar la situación sobre el derribo de una vivienda, esta mañana, en la Ribera de la Oliva, en el que señala que "ningún alcalde, estoy seguro de ello, quiere que se le derribe la vivienda a ningún vecino".
Si hubiese algún resquicio legal, administrativo y urbanístico para poder ayudarles, no tendría ninguna duda en hacerlo, pero no puedo enfrentarme a un juez e incurrir en un delito"El alcalde de Barbate, Miguel Molina, explica que las competencias en disciplina urbanística y expedientes de demolición recaen en la Junta de Andalucía, sobre todo "cuando se trata de zonas cercanas a lugares de especial protección o costeras”, al tiempo que, por otro lado, “la gente debe saber que no se puede construir viviendas en suelos no urbanizables porque se arriesga a que ocurran circunstancias como la que se está viviendo donde finalmente llegue una sentencia judicial de derribo”.
Molina explica que "no es un problema exclusivo de la localidad. Los derribos de viviendas en situación irregular llevan décadas produciéndose en toda la Andalucía y en pueblos vecinos como Conil y Vejer, independientemente de quienes gobiernen el Ayuntamiento, también lo padecen". De hecho, en Conil hubo derribos con IU al frente, y en Vejer los está habiendo con el PSOE y antes con el PP, y es que los ayuntamientos, las administraciones locales, "no contamos con medios para poder controlar la proliferación de viviendas y es algo que ya hemos trasladado a la Junta en numerosas ocasiones".
Ante esto “poco podemos hacer desde las administraciones locales y lo que hemos hecho es lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo, es decir, empadronar a todos los vecinos y vecinas que podamos siempre bajo el amparo de la Ley, tal y como nos refleja el Instituto Nacional de Estadística”.
Aún así, “a pesar del empadronamiento y demás, el Ayuntamiento no puede ir contra la sentencia de un juez. Si un juez señala que hay que derribar no podemos oponernos, ni el equipo de Gobierno, ni la oposición, ni ninguna otra administración. Son cuestiones fuera de la cuestión administrativa y que entran en el ámbito judicial, con lo que ni un alcalde, ni un concejal, puede oponerse a la sentencia de un juez porque sería incurrir en un delito de prevaricación y está claro que no podemos estar al margen de la ley”, ha expuesto.
"Todos sabemos que no se puede actuar contra una sentencia judicial y que quien se construye una casa en un suelo no urbanizable corre el riesgo de que se la derriben, pero aún así hay quienes incluso en las desgracias buscan votos mintiéndoles a esos vecinos y vecinas. Yo no les puedo mentir y solo puedo tratar de ayudar dentro de lo que me marca la ley e insisto, las competencias no recaen en el Ayuntamiento como tampoco podemos ir contra una sentencia judicial”.
"Hay cuestiones importantes que trataremos de salvar dentro de nuestras posibilidades y competencias, siempre dentro de la ley", señala Miguel Molina, en alusión "a los planes especiales ambientales, aunque la Ley Lista también tumba en viviendas en procedimientos judiciales. Eso es lo que pretendíamos hacer. También miramos la opción de que se inscribieran como viviendas turísticas, pero ocurre lo mismo. Y es que, como se ha vivido y vive en el diseminado de Conil o en El Palmar, los ayuntamientos poco pueden hacer una vez que el proceso se adentra en un procedimiento judicial".
"Dentro de las posibilidades legales que hemos intentado poner en marcha para ayudarles, la realidad es que la misma ley no lo permite. Es una zona complicada para poder darles una solución urbanística”, declara.
“Se me pide que trate de paralizar un derribo y eso sería oponerse a una sentencia judicial y desde luego nosotros no podemos hacerlo porque sería cometer un delito y como representante de todos y cada uno de los vecinos la primera prioridad y compromiso es precisamente no cometer ningún delito y dar ejemplo aunque me pese en algunos casos como este”, insiste el alcalde.
“Quien construye en terreno que no es un urbano y no cuenta además con un proyecto legal, corre el peligro de verse en esta situación y es un riesgo que asumen desde que deciden hacerlo”, señala Molina quien eso sí, “eso no quiere decir que demos nuestro apoyo, tratemos de buscar soluciones dentro siempre de la legalidad y de nuestras competencias”.
Miguel Molina asegura que “evidentemente lo lamento muchísimo por esta familia y por lo que están pasando. Nos hemos puesto a su disposición. He hablado personalmente con técnicos de la Junta e inspectores que llevan este caso para buscar una solución, pero viendo que ni urbanística, ni administrativamente podemos darle una solución, lo que está claro es que contra una sentencia judicial la única manera de revocarla es a través del propio sistema judicial. La única manera de paralizar un derribo es a través de recursos y de acciones dentro del ámbito judicial a través de sus abogados".
“Si hubiese algún resquicio legal, administrativo y urbanístico para poder ayudarles, no tendría ninguna duda en hacerlo, pero no puedo enfrentarme a un juez e incurrir en un delito”, señala el primer edil para concluir diciendo que “como alcalde y como equipo de Gobierno, no podemos cometer ningún delito porque sería un mal ejemplo a todos los vecinos y vecinas que cumplen con la ley". "No podemos ir en contra de una sentencia judicial y es algo que los alcaldes estamos viviendo día a día en toda Andalucía y tenemos ejemplos cercanos como los derribos en Conil o en El Palmar”, señala.
Y por último, el alcalde lamenta y advierte “a quienes buscan sacar réditos políticos con este tipo de desgracias y con el dolor de estas familias. Mentirles a esos vecinos y vecinas ahora es despreciable porque saben, por experiencia y por ejemplos que viven otros alcaldes incluso de su signo político, que nada se puede hacer desde las competencias de un Ayuntamiento contra una sentencia judicial y porque mañana, si entran a gobernar, esas palabras, esas mentiras, se les volverán en contra y será entonces cuando pidan que no se haga política con este tipo de dramas que a nadie le gusta vivir pero que lamentablemente suceden en todo el litoral andaluz porque sencillamente construir en suelo no urbanizable va en contra de la ley y es un riesgo enorme hacerlo”.
