La familia de una estudiante de tercer grado de Educación Primaria del colegio San Antonio María Claret, quien tiene una discapacidad auditiva y motriz del 66%, ha estado lidiando durante casi dos años con trámites para que su hija pueda tener un intérprete en sus actividades escolares. Ante la negativa de la Consejería de Desarrollo Educativo de aprobar un nuevo acuerdo para una unidad de apoyo a la integración que incluya un especialista en lengua de signos, han decidido llevar el caso a la Defensoría del Menor de Andalucía.
En una resolución publicada el 11 de junio por la Dirección General de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada de la Consejería de Desarrollo Educativo, se indica que la propuesta de resolución provisional para la convocatoria de adhesión al régimen de conciertos educativos con centros privados en Andalucía, que comenzaría en el curso 2024/25, fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Este documento señala que se ha negado la creación de una nueva unidad de educación especial de apoyo a la integración en el colegio mencionado, que debería incluir un intérprete de lengua de signos para cubrir las necesidades educativas de la niña.
La razón dada por la Administración educativa para esta negativa es que la propuesta no cumple con el requisito de satisfacer necesidades de escolarización, ya que, según la planificación, hay suficientes plazas disponibles en la zona, considerando tanto centros públicos como privados concertados, y también teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias.
La familia afirma que la Delegación Territorial de la Consejería había reconocido anteriormente la necesidad de crear dicha plaza de intérprete en el colegio; sin embargo, la Administración educativa ha rechazado la solicitud, lo que ha llevado a la madre a elevar el caso a la Defensoría del Menor de Andalucía después de que una denuncia previa en la Fiscalía no prosperara.
Según la madre, la Consejería sugiere que la niña asista a otro centro que ya cuente con los recursos necesarios, aunque ella está plenamente integrada en el colegio San Antonio María Claret, donde este año escolar ha tenido la asistencia de una intérprete en prácticas durante tres meses, proporcionada por el propio colegio.
La niña, que padece una hipoacusia severa profunda además de su discapacidad motriz, ha estado esperando desde octubre de 2022, cuando se inició un nuevo proceso de dictamen de escolarización, los recursos necesarios para su adecuado desarrollo académico y personal.
En septiembre de 2022, la familia y el equipo de orientación del colegio solicitaron un nuevo dictamen de escolarización porque, a pesar de usar audífono, la niña no estaba recibiendo toda la información necesaria durante las clases y se sentía muy perdida.
Finalmente, en marzo de 2023, el equipo de orientación educativa de la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo emitió un nuevo dictamen de escolarización, reconociendo el derecho de la niña a contar con un intérprete de lengua de signos en el aula para apoyar su aprendizaje.
Después de exponer el dictamen a diferentes instancias de la Delegación Territorial, incluyendo al responsable de la Inspección Educativa y al delegado territorial, la dirección del colegio también solicitó la inclusión de un intérprete de lengua de signos, aunque se les informó que la petición estaba fuera de plazo y que debían esperar al período de alegaciones para presentar las correspondientes.
Ahora, tras haber solicitado un nuevo acuerdo para una unidad de apoyo a la integración con intérprete, la petición ha sido rechazada.
La madre expresa su indignación por este largo proceso, que comenzó en septiembre de 2022, y lamenta que su hija continúe sufriendo las consecuencias sin que el sistema educativo intervenga para garantizar los derechos a una educación adecuada, provocando una gran desigualdad en su integración social y posiblemente una situación de discriminación.
