La inquietud entre los vecinos de la 7ª y 8ª fase del Cerro del Moro que dejarán de ser propietarios para convertirse en inquilinos una vez que la Junta de Andalucía construya las 67 viviendas comprometidas desde hace 30 años es creciente.
Las reuniones mantenidas ya por más de una treintena de los afectados con técnicos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) no ha despejado dudas.
Estos desconocen las cantidades por las que podrían ser adquiridas sus actuales casas por parte de la Administración autonómica. Ignoran, también, el alquiler que tendrán que abonar mensualmente durante 50 años una vez que ocupen los nuevos pisos. Temen que, una vez que fallezcan los titulares, sus hijos no puedan acceder al inmueble.
El alcalde de Cádiz, Bruno García, tampoco ha dado respuestas cuando ha sido cuestionado al respecto en rueda de prensa, tras la presentación del programa municipal ‘Orgullos@s de nuestra historia: Cádiz Fenicia 2024’.
El primer edil ha reconocido que mantuvo este lunes una reunión con la directora regional de AVRA, Susana Cayuelas, pero ha rehusado hablar en su nombre “porque me falta información”. “La Junta se explicará, no voy a hablar en nombre de la Junta”, ha añadido.
Sin embargo, pese al requerimiento de información por parte de VIVA CÁDIZ, la Administración autonómica no ha facilitado detalles, con el compromiso, eso sí, de hacerlo una vez que reúna todas las claves de un procedimiento tortuoso que ha llevado a los vecinos a plantear decisiones drásticas.
Concretamente, el portavoz de las 67 familias, Enrique Estévez, ha pedido amparo al Defensor del Pueblo español, tal y como publicó este medio en su edición digital este lunes y en la edición impresa ayer, y también ha planteado que la Junta de Andalucía renuncie a la financiación de un tercio de los trabajos de construcción obtenidos de la UE y que obliga a que las viviendas se entreguen en régimen de alquiler social de 50 años, de modo que el Gobierno de Juanma Moreno complete el presupuesto con recursos propios y garantice que los afectados mantengan la propiedad, como tradicionalmente han tenido como compromiso.
El primer edil ha eludido igualmente posicionarse al respecto. “Estoy haciendo mi trabajo, que insistirle a la Junta de Andalucía que hay que solucionar” el problema.
Por su parte, VIVA CÁDIZ ha consultado al Defensor del Pueblo andaluz, cuya intervención fue clave, con los vecinos, para desatascar el problema. Sin entrar en más detalles, fuentes de la institución han indicado por medio de Whatsapp que “están recabando las últimas informaciones, ampliándola con aquella que necesite de las administraciones implicadas para analizarla, dentro de su compromiso de velar por la defensa de los derechos de las personas”.
