Se trata de la segunda vez en la que el órgano de gobierno de los jueces toma esta decisión con respecto a Garzón, que ya fue suspendido cautelarmente en el ejercicio de su función judicial el 14 de mayo de 2010 por una presunta prevaricación cometida al investigar las desapariciones del franquismo careciendo de competencia para ello.
La sesión ha dado comienzo pasadas las 10.00 horas y en ella se han examinado las alegaciones presentadas por el magistrado Baltasar Garzón y el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo favorable a la imposición de esta medida cautelar.
La sesión ha estado presidida por Felix Azón e integrada por los vocales Manuel Almenar, Almudena Lastra y Antonio Dorado, que han votado a favor de la suspensión. El vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, y la vocal Margarita Robles se han abstenido en este punto de la sesión, la cual ha proseguido bajo presidencia de De Rosa.
El órgano de gobierno de los jueces, que inició hace una semana los trámites para acordar la suspensión, ratificará su decisión en el Pleno de celebrará el próximo 28 de abril.
La Comisión ha acordado esta decisión, previa audiencia del Ministerio Fiscal, en aplicación del artículo 384, referido al 383.1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que obliga a apartar de sus labores jurisdiccionales a cualquier juez o magistrado cuando se haya declarado haber lugar a proceder contra él por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La suspensión se prolongará durante el tiempo en el que se extienda la pena, sanción o medida cautelar o bien hasta que recaiga sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento.
Garzón es actualmente asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya (Holanda) y tiene previsto serlo también del Gobierno colombiano dentro de la misión que la Organización de Estados Americanos (OEA).
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acumula otra querella por supuesto cohecho y prevaricación en relación con el dinero que recibió por dirigir unos cursos en la Universidad de Nueva York durante su año de licencia de estudios en 2005 y 2006
La suspensión de Garzón puede tener su importancia el hipotético caso de que, de ser juzgado en primer lugar por la causa de la Memoria Histórica, Garzón resultara absuelto, pues no podría volver a la Audiencia Nacional al seguir estando suspendido por la 'Gürtel'.
FISCALÍA DEL TS PIDE SU ABSOLUCIÓN
La fiscal del Tribunal Supremo Pilar Fernández Valcarce ya ha solicitado la absolución en esta causa de Garzón al entender que no se ha producido delito y defender que realizó las intervenciones para evitar que el cabecilla de la trama 'Gürtel' blanqueara 20 millones de euros.
Así se pronuncia el Ministerio Público frente a la opinión de las acusaciones, ejercidas por el abogado Ignacio Peláez (que defiende al constructor José Luis Ulibarri) y los propios imputados en el caso 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo, que piden penas de inhabilitación de hasta 17 años para Garzón.
Por su parte, el magistrado instructor de esta causa contra Garzón en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, considera que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tenía la finalidad de "obtener información de relevancia para el proceso, que no tenía seguridad de poder obtener mediante la utilización de medios lícitos", y por ello "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" que mantenían los internos con sus abogados en los locutorios de prisión.
Jorge Barreiro agrega en su auto de apertura de juicio oral, que fue dictado el pasado día 11, que la pretensión del juez era "obtener datos reservados para favorecer el éxito de la investigación", dada la confianza de los acusados de la Gürtel "en la confidencialidad de las comunicaciones con su letrado".
El auto especifica que el juez de la Audiencia Nacional podría haber incurrido en la comisión de un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. No obstante, "ambos delitos concurren" por lo que prevalecería como tipo penal aplicable el de prevaricación.
Por su parte, la defensa de Garzón en esta causa, que ejerce el abogado sevillano Francisco Baena Bocanegra, ha presentado un recurso ante el magistrado Jorge Barreiro en el que le pide que reconsidere la denegación, como prueba documental en su defensa, del auto dictado por el actual instructor del caso "Gürtel", Antonio Pedreira en diciembre de 2010 en el que archivaba las actuaciones contra los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal.
