Nueve asociaciones de vecinos/entidades de los barrios situados en el entorno del estadio del Betis se han dirigido al Defensor del Pueblo de España, Ángel Gabilondo, para denunciar la falta de respuesta del Ayuntamiento de Sevilla y del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a su petición de que no se autorice la proyectada mole anexa al Villamarín sobre la última parcela de suelo público y libre que queda junto al mismo.
Dichas asociaciones y entidades presentaron en el mes de marzo (2024) alegaciones al Avance del Estudio de Ordenación del Nuevo Estadio Benito Villamarín, al considerar que la construcción de una mole de 31.500 m2 y hasta 47 metros de altura para usos terciarios tensionaría aún más un sector ya saturado y afectaría gravemente a la calidad de vida y al paisaje urbano heredado de la ciudad de la Exposición Iberoamericana de 1929, cuyo centenario pretende conmemorar el Ayuntamiento por todo lo alto.
Denunciaron que a resultas de un convenio firmado el año 2003 entre el club y el Ayuntamiento de Sevilla, durante el mandato de Monteseirín como alcalde, el Consistorio hispalense va a otorgar al Betis el derecho de uso del único espacio libre existente en el entorno del estadio. El gobierno local modificó el planeamiento para cambiar el uso de zona verde por un uso deportivo privado en el que -de hecho- se permite cualquier uso terciario y una edificabilidad de 31.500 m2 que colmataría ese espacio libre.
Esta modificación, a juicio de los alegantes, atenta al interés público por lo desproporcionado entre lo que recibe cada parte y porque tal actuación supondría un grave perjuicio a la calidad de vida de los vecinos.
Las asociaciones consideran que el estadio Benito Villamarín se encuentra situado en un entorno urbanístico saturado y carente de espacios libres adecuados para establecer un perímetro de seguridad conforme a las recomendaciones de la FIFA y del Consejo de Europa en virtud del Convenio de Saint-Denis sobre la organización de acontecimientos deportivos seguros y protegidos, el cual fue ratificado por el Gobierno de España el 23 de mayo de 2017.
Las entidades vecinales expresaron también en sus escritos que las recomendaciones sobre la seguridad en el perímetro del estadio y en los puntos de ingreso y de salida, así como la existencia de un área para facilitar la rápida evacuación, se consideran imprescindibles para garantizar la seguridad de los asistentes al coliseo verdiblanco.
Para las entidades vecinales las condiciones del entorno no son las óptimas para el desarrollo seguro de actividades deportivas de asistencia masiva. La situación del estadio en un medio urbano, la existencia de calles de escasa sección que necesitan ser cortadas cuando se organiza un partido de fútbol y la ausencia de espacios libres que pudieran servir como refugio para facilitar un acceso y una evacuación seguras no son conformes, según destacan, con las recomendaciones de convenios internacionales.
En sus escritos se compara la superficie libre existente estimada en el entorno inmediato de otros grandes estadios españoles, y los metros cuadrados alrededor del estadio del Betis son los menos, con diferencia, parámetros que se reducirían todavía más con la construcción de la proyectada mole anexa.
Estos escritos no han tenido respuesta ni del Ayuntamiento ni del Ministerio. La única excepción ha sido el remitido a la Subdelegación del Gobierno de España. El subdelegado, Francisco Toscano Rodero, contestó con fecha 24/07/2024 que en razón de sus competencias prestará la colaboración y el asesoramiento que se le requiera tanto al Ayuntamiento de Sevilla como a cualquier otra institución, pero hasta la fecha a esa Subdelegación no se le ha requerido ningún tipo de actuación o informe.
En su misiva al Defensor del Pueblo de España las asociaciones le piden que actúe en consecuencia y exija a las Administraciones el cumplimiento de la legalidad, la salvaguarda de las condiciones de seguridad mínima requeridas para celebración de eventos deportivos y de otra índole de asistencia masiva, así como el respeto al derecho de los vecinos a disfrutar de un medio ambiente sostenible y a participar en el urbanismo que les afecta.
Los vecinos demandan a Ángel Gabilondo que no se conculque el precepto constitucional de evitar la especulación urbanística que dañe el interés público, ya que en su opinión es el interés lucrativo privado la razón última que sostiene este proyecto. "Ello y el poder omnímodo de un club de fútbol apoyado por una gran masa social que -aseveran- abre puertas y cierra bocas, hasta el punto de que las denuncias y reivindicaciones han sido silenciadas sistemáticamente por la prensa local, salvo alguna excepción, y no atendidas por las Administraciones".
