La comunidad educativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Ignacio de Loyola, situado en el Polígono San Pablo, se ha concentrado durante la mañana de este martes a las puertas del centro por el anuncio de su cierre a partir del curso que viene, que según han indicado, "se fusionará con el CEIP San Juan de Ribera, cuyo edificio ocupará el nuevo centro con un nombre diferente y un nuevo código". De este modo, los familiares han pedido que "el alumnado esté acompañado con todo su personal y profesional docente de plaza fija del colegio San Ignacio de Loyola, que cuenta con unos 120 estudiantes, de los cuales en torno 60 alumnos son de educación especial".
Una situación que viene auspiciada por "el descenso de la natalidad", que ha provocado la fusión del centro con el colegio Juan de Ribera --sede del nuevo centro por sus dimensiones-- donde hay matriculados "en torno a 60 alumnos". Durante la concentración, Julia López, una madre de alumnado del centro ha declarado que "se teme que se pierda profesorado de educación especial con la fusión" y actualmente, "lo que se sabe es que han trasladado que van a hacer todo lo posible por mantener al personal de plaza fija". Así, en representación de los afectados ha añadido que "si no se asegura que se mueve el alumnado con todo su personal docente de plaza fija, no van a matricular a ningún niño en el nuevo centro".
López ha enfatizado que "se ha trabajado mucho para conseguir una convivencia increíble y este centro es como una pequeña familia, profesores, alumnado y familiares van de la mano". Además, "se ha peleado mucho por las infraestructuras para que ahora lo cierren".
Así, han señalado que "se espera que el delegado de Educación en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, tenga en cuenta que hay que movilizar a todo el alumnado de educación especial, que se va a ver afectado" pidiendo que "se tomen decisiones con fundamento". Desde las familias han destacado la incertidumbre "no sabemos si se va a mantener el profesorado para el alumnado de educación especial durante las horas de comedor o cómo van a reaccionar los niños".
"Incertidumbre a un mes del periodo de escolarización"
A un mes del periodo de escolarización, las familias y docentes de los centros públicos San Juan de Ribera y San Ignacio de Loyola "desconocen cuál será el futuro de ambos colegios", han indicado desde el sindicato Ustea, que se ha hecho eco de las manifestaciones. Una situación que "deja en el aire la estabilidad de la plantilla con destino definitivo en cada colegio y supone la desaparición entre ambos de once puestos de plantilla de funcionamiento, ahondando en el recorte del empleo público docente".
Asimismo, desde Ustea han expresado "la incertidumbre por el futuro uso del emplazamiento del solar, que al perder uso educativo regresaría a manos del Ayuntamiento de Sevilla". El sindicato ha declarado que "la bajada de natalidad" esgrimida por la Consejería de Educación, liderada por María del Carmen Castillo "para suprimir clases y docentes en la escuela pública, no está afectando a la educación privada-concertada, que mantiene los colegios San Agustín --con dos clases de tres años autorizadas para el periodo de escolarización-- y Santo Ángel de la Guarda --con tres clases autorizadas--".
Ustea ha señalado que "el cierre de aulas y de centros educativos enteros, con el impacto que supone para las familias y la pérdida que empleo docente viene siendo ya una práctica habitual por parte de la Consejería", a lo que ha recordado "la autorización el pasado curso de una segunda unidad de infantil de tres años en el colegio concertado La Salle-Felipe Benito en Macarena Norte, mientras recortaba una clase de tres años en el colegio público Teodosio, situado en la misma área", calificándolo de "privatización de recursos públicos".
Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acudido la concentración convocada por la comunidad educativa para oponerse al cierre anunciado por la Junta de Andalucía. En declaraciones a la prensa, García ha criticado que "el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene claro que quiere cerrar un centro y lo está haciendo de la manera más sucia posible, echando a pelear a dos centros y dos comunidades educativas".
Una situación, que según el portavoz de Adelante Andalucía se va a traducir en "un recorte de personal que van a sufrirlo los niños con necesidades específicas de apoyo educativo que son los que necesitan más estabilidad en su personal y que han tenido durante años magníficos especialistas en este centro", añadiendo que "es un ataque a la educación pública, uno más, porque en este barrio hay dos centros concertados que ofertan cientos de plazas a los que no se les toca nada porque siempre el ataque es a la educación pública y a los niños con necesidades educativas especiales".
La Junta promete "más recursos" para el alumnado
La Administración sostiene que esta medida garantizará más recursos para el alumnado, con un centro unificado que contará con dos aulas de integración y una ratio de 17 alumnos por clase, inferior a la media de Sevilla y Andalucía. Sin embargo, algunas voces critican que las medidas derivadas del descenso de la natalidad afectan más a los centros públicos que a los concertados.
El CEIP San Juan de Ribera ha sido elegido para albergar el nuevo centro debido a su infraestructura, que incluye bioclimatización tras una inversión de más de 270.000 euros. La Consejería ha asegurado que se mantendrán las plantillas docentes y que se reforzarán los recursos de Educación Especial. Además, se está evaluando un posible nuevo uso educativo para el edificio del CEIP San Ignacio de Loyola, en coordinación con el Ayuntamiento, que es el titular de las instalaciones.
