La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) ha lanzado esta semana una campaña con la que espera sufragar los 1.560 euros que dos de sus colaboradores en Sierra Morena han tenido que abonar como gastos judiciales tras ser denunciados por informar del corte de un camino municipal en Almadén de la Plata.
Los dos defensores de los caminos públicos, colaboradores de Asedeca (Asociación Sevillana en Defensa de los Caminos Públicos), fueron denunciados "fraudulentamente por un usurpador como venganza por haber instado a las autoridades a revertir el corte del camino municipal de la Manezuela en el término municipal de Almadén de la Plata".
La Plataforma Ibérica, integrada por asociaciones, clubes deportivos y grupos locales a nivel estatal, actúa para que el dinero que han gastado "para defenderse del usurpador" ante la denuncia no les suponga un "castigo". El propietario de la finca Las Huertas, que cierra el Camino de la Manezuela, en Almadén de la Plata, les acusa, "de una forma burda, sin prueba alguna, y con el único objetivo de amedrentarlos, de que se han producido robos de carteles y cámaras de videovigilancia", aseguran.
Pese a que la denuncia "no tiene ningún recorrido, por si acaso, estos colaboradores se han visto en la obligación de contratar abogado y procurador", por los que han gastado cada uno 666 euros para pagar un abogado y 100 euros para el procurador, en total 1.560 euros en su defensa.
La Plataforma Ibérica defiende que "es intolerable que los que denuncian los atentados contra los caminos encima sean los perjudicados por los usurpadores". Por ello, pide la colaboración del conjunto de la sociedad y llama a realizar aportaciones en la cuenta de la PICP para ayudar a sufragar la defensa de estos dos colaboradores (Triodos Bank, con la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos como titular, número de cuenta IBAN ES09 1491 0001 20 2010643928 y BIC: TRIOESMMXXX)
La PICP ha informado que, en caso de superarse los 1.560 euros de esta acción colaborativa, el restante se destinará a la creación de un fondo para actuar ante situaciones similares que puedan darse en el futuro, poniendo la colaboración ciudadana al servicio de las personas defensoras de los trazados de vías pecuarias y caminos públicos a nivel estatal.
EL CASO MANEZUELA
Según relata la entidad, todo empezó cuando estas dos personas fueron al trazado del camino de La Manezuela hasta el punto en el que deportistas, senderistas y amantes de la naturaleza habían alertado a varios clubes deportivos, asociaciones ecologistas y camineras, de que se había producido el corte de esta vía pública.
La altura del corte de este viario municipal, cuyas competencias recaen en el Ayuntamiento de Almadén de la Plata, es el denominado Rocho de Juan Pedro, y en el tramo en que el camino se adentra lindando con la finca Los Huertos, donde se llevan a cabo actividades cinegéticas.
En el punto del corte, los dos colaboradores constataron la existencia de dos cancelas y un paso canadiense, así como sendos candados en las cancelas, que fotografiaron para confirmar la intención de terceros de impedir el derecho de libre tránsito por este camino público que culmina en el paraje natural del Arroyo de Gargantafría, apuntan.
La asociación caminera verificó e informó al Ayuntamiento de Almadén de la Plata del cierre con candados del camino municipal de La Manezuela en enero de 2024 y el propietario de la Finca Los Huertos, a partir de donde se encuentra cortado el camino, interpuso una denuncia sosteniendo que se habían producido robos "de carteles y cámaras de videovigilancia", señalando a los dos colaboradores de la asociación caminera, que se han visto obligados a comparecer ante la Justicia "por la denuncia del usurpador".
El cierre del trazado del camino municipal de La Manezuela afecta asimismo a las fuerzas de seguridad y a vehículos de emergencia (sanitarios, bomberos, rescate), en caso de que tuvieran que actuar en la zona en un término municipal con una intensa actividad de deportistas y peregrinos que siguen la ruta de la Vía de la Plata del Camino de Santiago, aseguran.
CITACIÓN JUDICIAL Y SILENCIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN
La citación judicial se produjo más de un mes después de que los dos colaboradores de Asedeca verificaran el corte e informaran al Ayuntamiento de Almadén de la Plata, cuando el propietario de la Finca Los Huertos, a partir de donde se encuentra cortado el camino, interpuso una denuncia sosteniendo que se habían producido robos "de carteles y cámaras de videovigilancia", señalando a los dos colaboradores de la asociación caminera.
Tras constatar el cierre, Asedeca junto a diversos clubes deportivos y asociaciones andaluzas reclamaron a las autoridades de este municipio que actuase de oficio, conforme a sus competencias y obligaciones, para reestablecer el libre tránsito por esta vía, considerada bien de dominio público.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almadén de la Plata ha sido notificado desde enero de 2024 en diversos requerimientos del corte de este camino de su competencia por varias organizaciones camineras, ecologistas y clubes deportivos andaluces, aseguran desde la entidad. Si bien, en el Consistorio optaron por el silencio administrativo, "obviando la obligación del cumplimiento de la legislación vigente al respecto y rehusando el mandato de revertir el corte de este viario público", relatan.
"No fue hasta el pasado 4 de diciembre cuando replicó a los colectivos que habían elevado al Registro Municipal diversas peticiones relativas al camino de La Manezuela, después de que el Juzgado les requiriese en una providencia que aclarasen la actuación del Ayuntamiento respecto a la información que las autoridades recibieron del corte de este camino público".
Al respecto, el alcalde Carlos Raigada se pronunció en medios de comunicación sosteniendo que "no hay datos" de si el camino cerrado con candados "es público o privado". Y justificó que el ayuntamiento no actuase conforme le reclamaron los agentes sociales para revertir este corte en que el municipio "carece de un inventario de caminos".
Tanto la asociación sevillana, Asedeca, como la PICP, han mostrado su sorpresa por el hecho de que estos dos colaboradores "tengan que comparecer ante el Juzgado después de informar del corte de un camino público, mientras que las autoridades competentes que recibieron la información obviaron las obligaciones que ostentan y miraron a otro lado, dejando en situación de indefensión a los defensores de estos bienes de dominio público ante la usurpación y el corte".
INALIENABLE, IMPRESCRIPTIBLE E INEMBARGABLE
De su parte, Asedeca instó al Ayuntamiento a actuar de oficio de conformidad con las competencias que tiene atribuidas frente al intento de terceras partes de usar de forma privativa este bien de dominio público, como es el camino de La Manezuela, que se adentra 800 metros desde el corte hasta el Arroyo de Gargantafría.
La asociación Asedeca junto a colectivos de Sierra Morena de Sevilla celebra el domingo 6 de abril el V Día de las Vías Pecuarias, sumándose a la convocatoria estatal, con una marcha senderista que recorre este trazado amenazado con el propósito de concienciar a la ciudadanía sobre los valores de los caminos que permiten el uso y disfrute del medio natural. En la misma rendirán tributo a un histórico activista caminero, Armando Cáceres, con la celebración de la III Ruta Armando.
A nivel estatal, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos recuerda que los ayuntamientos están amparados legalmente para la recuperación de oficio de los caminos municipales usurpados conforme a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad que el artículo 132 de la Constitución Española reconoce para los bienes de Dominio Público.
