Guéant, en una entrevista a la televisión Canal Plus, defendió a Sarkozy porque “se le ataca de forma completamente injusta y escandalosa” pese a que “no está implicado en ningún escándalo judicial”.
Se quejó en particular de que se “monten procesos (...) en la prensa” al ser preguntado por las declaraciones de la antigua secretaria de la millonaria Lilliane Bettencourt, que en una entrevista ayer a Libération confirmó su relato sobre la entrega de dinero en enero de 2007 al entonces tesorero de la campaña electoral de Sarkozy, Éric Woerth.
La secretaria Claire Thibout reiteró al periódico las declaraciones que hizo durante el verano de 2010 a la policía, en el sentido de que preparó, a petición del gestor de la fortuna de los Bettencourt, Patrice de Maistre, 50.000 euros que recibió el 19 de enero de 2007 supuestamente Woerth, que sería más tarde ministro del Presupuesto.
Thiboult volvió a confirmar que durante el tiempo que trabajó para esa familia de millonarios, de 1995 a 2008, preparaba sobres con dinero que sus patrones entregaban –aunque ella no estaba físicamente presente– a algunos de los políticos de derechas que frecuentaban la mansión, entre los que estaban Sarkozy y su esposa de entonces, Cécilia.
La secretaria puntualizó que no todos esos políticos acudían para recibir dinero, y se quejó de haber sufrido presiones y “un verdadero calvario” por hacer esas revelaciones.
“Desde que hablé de entrega de dinero en efectivo a políticos, los policías hicieron lo posible para que me retractara de mis declaraciones”, señaló, antes de afirmar que maniobraban para conseguirlo “personas situadas muy alto”.
Thibout había sido acusada por el abogado de Bettencourt de haber robado documentos, de calumniar a Woerth y de haber contado todo a cambio de 400.000 euros, pero han sido archivadas.
El caso Bettencourt tuvo ayer una nueva vuelta de tuerca con el anuncio de que el fiscal Philippe Courroye ha sido convocado por la juez que instruye el presunto espionaje a periodistas de Le Monde para ser imputado.
El mismo Le Monde precisó que la magistrada Sylvia Zimmermann podría inculpar a Courroye y a su adjunta, Marie-Christine Daubigney, por haber supervisado personalmente la vigilancia telefónica que llevó a cabo la policía de tres de sus periodistas que trabajaban en el caso Bettencourt.
Los dos fiscales se indignaron de este procedimiento, cuya regularidad pusieron en duda, y señalaron que “contestan formalmente” las imputaciones.
