Durante la clausura del Congreso se recordó que “el derecho a informar y a ser informado es un principio incuestionable de todo Estado de Derecho y cualquier sistema democrático. Su ejercicio corresponde profesionalmente a los periodistas, como transmisores de la noticia, y a los ciudadanos como receptores”.
Por ello, los congresistas consideraron “imprescindible” que “los poderes del Estado garanticen el libre acceso a la información mediante leyes sin restricciones de ningún tipo, en todos aquellos países en los que todavía no existen, entre los que se encuentran España y Marruecos, propiciando la total transparencia de la gestión encomendada a los representantes políticos”.
En este sentido, los participantes en el Congreso concluyeron que “eludir la promulgación de una ley de libre acceso a la información de los ciudadanos es una forma encubierta de censura, cuya finalidad no es más que ocultar y encubrir la verdad o una parte de ella a la población”.
En el caso concreto de los problemas planteados por los compañeros marroquíes, los congresistas campogibraltareños consideraron necesario instar al gobierno de Marruecos a que ponga las bases y estructuras necesarias para que estos periodistas puedan acceder con garantías de veracidad a toda la información que emane de los poderes públicos. Para ello, “el gobierno marroquí deberá impulsar la creación de gabinetes de prensa y portavoces oficiales, que tengan la obligación de facilitar la información a los profesionales del periodismo, sirviendo de cauce y atendiendo sus peticiones”.
