La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia ha mantenido en los últimos meses diversas reuniones con Emed Tartessus con el objetivo de que esta empresa anglo-chipriota presente un proyecto solvente desde los puntos de vista económico, técnico, laboral y ambiental para reabrir Minas de Riotinto, cerrada desde hace más de una década tras entrar en liquidación y sus terrenos y propiedades, entre ellas la Unidad Industrial a la que se adscribe la actividad minera, quedaran en manos de diversos dueños.
La Comisión Liquidadora de la extinta MRT vendió la Unidad Industrial a Mantesur, incluyendo un párrafo específico que hacía responsable a la compradora de las labores de mantenimiento y gestión de las balsas de estériles, cuya propiedad había quedado dividida tras subasta pública. Posteriormente, Matensur vendió la Unidad Industrial a Emed Tartessus, adquiriendo ésta todas las obligaciones derivadas del contrato inicial.
El incumplimiento de ese apartado por parte de Mantesur y de Emed Tartessus, con la imposición de varios expedientes sancionadores (uno de ellos por vertido de aguas ácidas a cauce público por valor de 12 millones de euros) es el principal argumento de la Comisión Liquidadora para oponerse a la autorización de cualquier actividad minera “ante su incapacidad técnica y financiera”, reza el escrito presentado el pasado martes 3 de enero ante la Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta.
Estos expedientes, que han derivado en perjuicios a la Comisión Liquidadora pues es la que mantiene la titularidad del derecho minero hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre este aspecto, son también la base de la demanda de resolución de contrato presentada contra Mantesur y Emed Tartessus. Así, ante el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y gestión de las balsas, la Comisión pide la nulidad de la venta de la Unidad Industrial, su restitución al dueño inicial y su nueva salida a subasta si la Junta lo autoriza.
Esta demanda, admitida a trámite por el juzgado de Instrucción 25 de Sevilla el pasado 27 de octubre, abre un nuevo procedimiento judicial que la Comisión entiende impide la autorización de cualquier actividad minera, puesto que “la titularidad de Mantesur o Emed sobre la Unidad Industrial queda sujeta al devenir” del proceso judicial, además de las indemnizaciones derivadas del contrato y de los expedientes sancionadores.
