En la región han sido detenidas cinco personas en Málaga, dos en Sevilla y una en cada una de las provincias de Córdoba, Huelva y Almería. La operación se ha desarrollado en 21 provincias españolas, en las que se han efectuado diversos registros, se han intervenido más de 240 discos duros y se han imputado a otras 24 personas delitos relacionados con la posesión o distribución de este tipo de material.
Según ha informado Interior en un comunicado recogido por Europa Press, la investigación ha sido posible gracias a la utilización de un software puntero a nivel internacional: el programa GnuWatch que permite detectar a los usuarios que están compartiendo archivos de contenido pedófilo con una excelente precisión.
Los detenidos compartían y poseían archivos pornográficos en los que intervienen niños de corta edad realizando actos de naturaleza sexual con adultos. Durante la semana de monitorización realizada por los ciberagentes, se ha comprobado que cada uno de los usuarios investigados se habría descargado una media de cinco archivos en ese breve espacio de tiempo. Además, alguno de ellos había llegado a poseer más de 800.
Los agentes han destacado el elevado nivel de cualificación de muchos de los arrestados, con altos conocimientos de informática -por sus estudios o profesiones- y que han dificultado su identificación. Asimismo, se ha detectado un incremento en la utilización de programas de uso profesional de borrado seguro de datos con la intención de eliminar las huellas que pudieran dejar en el sistema. A pesar de ello, han sido localizados y detenidos.
Uno de los arrestados tenía instalado un sistema amplificador de la señal wifi en la terraza de su domicilio. Este dispositivo es utilizado para ampliar la capacidad de captar conexiones inalámbricas que emiten otros dispositivos ajenos, para utilizar fraudulentamente esas líneas y enmascarar la conexión del usuario real.
REINCIDENTES
Destaca también el alto número de detenidos reincidentes, es decir, sujetos arrestados anteriormente en operaciones vinculadas a la distribución y tenencia de pornografía infantil.
El material intervenido en los registros efectuados en 21 provincias españolas contiene archivos de vídeos de extrema dureza, como agresiones sexuales a menores de muy corta edad. Los investigadores están examinando minuciosamente todos los archivos en busca de cualquier dato que permita identificar a los agresores, a los niños víctimas de los abusos o determinar si alguno de los implicados es autor o productor de los vídeos y agresiones.
La operación ha sido dirigida por la Brigada de Investigación Tecnológica de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, y en ella han participado también los grupos especializados de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y de las comisarías provinciales de La Coruña, Málaga, Murcia, Barcelona, Tarragona, Soria, León, Córdoba, Huelva, Sevilla, Almería, Alicante, Valencia, Castellón, Cantabria, Huesca, Zaragoza, Vitoria, San Sebastián y Las Palmas. Así como las comisarías locales de Santa Coloma de Gramanet, Sanlúcar La Mayor, Novelda, Elche, Alcoy, Gandía y Lerín.
