"Le pido al gobierno del PP --ha declarado Villalobos en una nota-- que haga oficial y público el anuncio que difundió hace casi cuatro meses de ampliar el plazo para el pago de las cantidades que tenemos que devolver por las liquidaciones de 2008 y 2009; en cuanto sea oficial, pondré en marcha un nuevo Plan Extraordinario de Empleo, que es la prioridad máxima en estos momentos, una tercera edición del plan que tan buenos resultados nos ha dado desde 2009 y para el que también he solicitado, una vez más, la colaboración de la Junta de Andalucía".
Asimismo, el presidente de la institución provincial ha argumentado que "Rajoy no debe recortar de manera drástica las transferencias a los entes locales, pues está demostrado que son las que más han ajustado sus cuentas a la actual situación económica". Según publica el Boletín Estadístico del Banco de España, la local ha sido la única de las tres administraciones que redujo su deuda en el último trimestre de 2011, reduciendo el peso de la misma un 0,1 por ciento, mientras que el conjunto de las administraciones la incrementó en un 2,5 por ciento.
Villalobos sigue apostando por que la prolongación de los plazos de devolución incluyan a los ayuntamientos y diputaciones, "sobre todo ahora, que los datos reflejan el gran esfuerzo de austeridad de las administraciones locales, a las que siempre se les cuestiona la gestión de sus recursos cuando el único gran problema es la ausencia de una financiación adecuada".
"Con estas cifras publicadas por el Banco de España, sólo le pido a Rajoy una respuesta a su declaración de intenciones", ha recalcado el presidente de la Diputación, que pide al Gobierno que haga oficial la ampliación de los plazos, que "no deje que una buena medida se quede en una simple pose para generar titulares en los medios de comunicación" y que "demuestre con ello más sensibilidad que sus compañeros del PP de Sevilla, que anteponen sus intereses partidistas a las necesidades de los ciudadanos".
LOS DATOS
Dentro de las ayudas extraordinarias a los municipios, la institución provincial inició en 2009 un plan de choque para evitar posibles casos de exclusión social motivados por la crítica situación económica por la que pasaban muchas familias sevillanas. A través de contratos gestionados a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, de una duración de entre quince días y tres meses y una remuneración máxima equiparada al Salario Mínimo Interprofesional, la Diputación ha generado 9.067 puestos de trabajo, ayudando con ello a 4.381 personas en la primera edición y a 4.686 en la segunda fase del Plan de Urgencia Social Municipal.
De los 4.381 contratos de la primera edición, desarrollada entre 2009 y 2010, 888 se realizaron a personas de entre 18 y 25 años. Otro dato significativo es el que se centra en la población de más de 40 años, ya que, de este total citado, el 25,73 por ciento de los contratos (1.127) se hicieron a personas de entre 41 y 50 años, y el 7,76 por ciento (340) a personas de más de 50 años. Por géneros, esta primera edición permitió la contratación de 2.636 mujeres y 1.745 hombres, con una duración de 30 días.
Entre 2010 y 2011, la segunda edición del Plan de Urgencia Social ha permitido la realización de 4.686 contratos, con una media también de un mes de duración. De ellos, 2.792 fueron a mujeres y 1.894 a hombres, 1.149 a personas entre 41 y 50 años y 368 a mayores de 50 años.
Estas dos ediciones del Plan de Urgencia Social han supuesto una inversión de algo más de 23 millones de euros, financiados en un el 73 por ciento por la Diputación de Sevilla, un 14 por ciento por los Ayuntamientos y un 13 por ciento por la Junta de Andalucía.
Por otra parte, el presidente de la Diputación ha mostrado también su interés en impulsar un nuevo programa, el denominado Praxis, para la contratación de jóvenes con titulación universitaria y superior de Formación Profesional. "Sin embargo --ha dicho Villalobos--, sospecho que voy a tener serias dificultades para dar trabajo a estos jóvenes, ya que el gobierno de Rajoy, en sus medidas para el control del déficit, plantea la prohibición de realizar nuevas contrataciones a los entes locales".
