El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que su Ejecutivo es el primero que ha tenido la "sensibilidad" de adoptar medidas antidesahucios y ha añadido que son "equitativas, justas, razonables y eficaces" y que no dañarán la economía española.
En la rueda de prensa conjunta con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el jefe del Ejecutivo indicó que la obligación del Gobierno es resolver el mayor número de problemas posibles, "pero intentando evitar que se produzcan otros problemas mayores". En su opinión, se trata de medidas, basadas en "razones humanitarias" y que van a resolver problemas a mucha gente en el corto plazo.
A partir de ahí, señaló que el real decreto que contiene estas medidas tiene que pasar por las Cortes y que el Gobierno está dispuesto a escuchar "atentamente" las propuestas al respecto de todos los grupos parlamentarios.
La norma, que entró en vigor el pasado 16 de noviembre, contempla la paralización durante dos años del desahucio, permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno, para una serie de colectivos especialmente vulnerables. Se trata de familias numerosas; unidad monoparental con dos hijos a cargo; familias con un menor de tres años, y familias con uno de sus miembros discapacitado superior al 33 por ciento.
Tampoco se ejecutará el lanzamiento a personas afectadas por dependencia o incapacidad permanente para trabajar, a familias en las que el deudor hipotecario se encuentre en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo, a familias en las que convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge con vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral; y unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género.
Además, tienen que concurrir una serie de requisitos económicos para que se paralice el desahucio, como que los ingresos del conjunto de la unidad familiar no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.597 euros mensuales o, lo que es lo mismo, cerca de 19.200 euros anuales.
