La Diputación de Granada ha afirmado este martes que ha abierto una nueva etapa en la gestión del servicio de tratamiento de residuos en los municipios de la provincia poniendo las bases del saneamiento de la deuda que durante años ha acumulado el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos Resur. Tras disolver este lunes este ente, una comisión liquidadora, con representación de los tres partidos del pleno provincial y alcaldes de diferentes signos políticos, se ha hecho cargo de articular un nuevo modelo de gestión del que se hará cargo directamente en la Diputación de Granada.
Se trata, según ha explicado el presidente de la institución provincial, Sebastián Pérez, de "unificar criterios, no suplantar actividades ni responsabilidades y ceder competencias a quien tiene que tenerlas que es la Diputación". En una apuesta por una gestión marcada por "el control, el rigor y la fiscalización", Sebastián Pérez ha impulsado la eliminación de "todo lo que sea gasto superfluo y estructuras que han creado miles de puestos de trabajo para personas vinculadas a determinados partidos políticos.
La deuda de Resur pasó de 3 millones de euros en 2003 a 22 millones de euros en 2011. Cada mes asciende otros 360.000 euros de modo que se calcula que podría rondar los 40 millones de euros el 31 de diciembre de 2014 cuando expira el contrato por el que la empresa Fomento de Construcciones y Contratas tiene la concesión del servicio.
Hasta hoy "no se ha tomado una sola medida en esta casa", ha aseverado el presidente para quien "es muy bonito el discurso de lo público cuando no se paga" pero "yo tengo la obligación de sanear la institución y de equilibrar su presupuesto" para lo cual es necesario desprenderse de entes de gestión que "han demostrado no ser válidos como este".
La Ley de Estabilidad Presupuestaria permite intervenir los fondos de mancomunidades o consorcios que caigan en desajustes presupuestarios por lo que no es momento de "lobbys políticos" o consorcios que no presten con eficacia el servicio a los vecinos, lo cual debería haber sido en todo momento, su objetivo principal.
La deuda que mantiene Resur con la empresa concesionaria Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), se eleva a los 24,9 millones de euros, y la deuda que a su vez mantienen los municipios con el propio consorcio es de 25 millones de euros. Estos impagos se han ido acumulando a lo largo de los años y, en julio de 2011, cuando llega el actual equipo de gobierno a la Diputación Provincial, la deuda con la empresa era de 24.272.000 euros y la de los ayuntamientos, mayoritariamente del PSOE y, por tanto, de las mismas siglas políticas que los anteriores gobiernos provinciales, se cifraba en 21,5 millones de euros en esa misma fecha.
Los municipios que están a la cabeza de la deuda con Resur, en media por habitante, son Atarfe, que debe 150 euros por habitante y lleva 84,3 meses sin pagar el canon de tratamiento de residuos, Láchar (91 meses sin pagar), que debe 92,38 euros por habitante, e Íllora (82 meses sin pagar), con 72,46 euros por habitante, algunos con cuotas sin pagar desde hace más de 90 meses. Los ayuntamientos que han adeudado cantidades a Resur son, en cualquier caso, de todos los colores políticos.
El vicepresidente segundo y diputado delegado de Medio Ambiente, José Robles, achacó a los ayuntamientos, en la asamblea general de ayer que disolvió el consorcio Resur, su responsabilidad por no pagar pero hizo extensiva también dicha responsabilidad a las formaciones políticas que han gobernado hasta 2011 la Diputación de Granada.
"Los mismos que nos llevaron al hospital con una enfermedad muy grave están intentando hoy que no se nos suministren las medicinas que necesitamos", señaló Robles en alusión a la actitud de PSOE e IU que se negaron a establecer una tasa unificada a los vecinos para que el dinero que debía destinarse a Resur no pasara por los ayuntamientos deudores y también a que se reclamara al Estado, la Junta y la propia Diputación a que retuvieran los fondos destinados a estos municipios y así poder ir saneando la deuda con el consorcio y, por ende, la que éste ha mantenido con FCC.
Llegados a "este callejón sin salida", el equipo de Gobierno provincial ha apostado por una nueva fórmula en la que cada ayuntamiento podrá elegir la fórmula para abonar la deuda. Algunos grandes municipios como Granada o Motril ya tienen conveniado con la Diputación que el dinero que reciben del Consorcio Provincial de Bomberos se destine directamente a cubrir la deuda acumulada con Resur. Los que hayan venido abonando con normalidad sus cuotas podrán seguir haciéndolo.
Se procederá a actuar, sin embargo, en aquellos que no hayan pagado sus cuotas ni hayan puesto sobre la mesa la fórmula para hacerlo. Ello se planteará, según ha explicado José Robles, a través de convenios bilaterales, avisando a los interventores municipales de la prioridad de esta deuda por antigüedad o bien por la vía judicial ya que estos ayuntamientos "están cobrando el recibo por tratamiento de residuos y se lo están quedando".
"Cada ayuntamiento va a pagar lo suyo", ha recordado el vicepresidente quien ha remarcado que "lo que ha sido incapaz de resolver el PSOE en quince años el presidente lo va a resolver en poco tiempo".
