La Audiencia Provincial de Cádiz juzga el próximo día 18 a tres hombres acusados de un supuesto delito de estafa tras vender una vivienda unifamiliar situada en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera a un tercero, a sabiendas de que se trataba de una edificación construida sin la preceptiva licencia.
Según recoge el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado Juan P.M.A., propietario de una vivienda unifamiliar en el pago de Majadillas de la localidad gaditana, otorgó en 2006 un poder notarial a favor del también acusado Manuel R.G., a fin de ostentar su representación en todos los actos jurídicos que afectasen a la vivienda.
Sobre la referida vivienda, la Gerencia Municipal de Urbanismo de la localidad había incoado un expediente sancionador por la presunta comisión de una infracción urbanística, al haberse llevado a cabo la construcción de la vivienda en suelo calificado como suelo urbanizable sectorizado, sin la preceptiva licencia urbanística.
El primero de los acusados trabajaba como gestor inmobiliario de una agencia en la localidad gaditana, donde "con ánimo de obtener un beneficio injusto puesto de común acuerdo con los otros acusados", y con conocimiento de la incoación del expediente sancionador, ofrece en venta a una tercera persona la vivienda referida sin manifestarle que se tratara de una vivienda ilegal y sobre la que se había incoado expediente sancionador alguno.
El comprador, ante la apariencia de legalidad y "confiando en la condición de agente inmobiliario" que ostentaba el acusado J.I.C.V. firma contrato de compraventa de la vivienda junto a M.M.G., en representación del propietario y acusado y el tercero, que actuaba como mediador, acordando como precio de la compra la cantidad de 228.385 euros, entregando en ese acto la cantidad de 30.000 euros, cifra que la víctima no ha recuperado.
Los hechos descritos son, según el Ministerio Fiscal, constitutivos de un delito de estafa, solicitando para cada uno de los tres acusados la pena de dos años y seis meses de prisión, así como diez meses de multa con una cuota diaria de diez euros.
