La Audiencia Provincial de Almería acoge este martes la vista oral contra un hombre acusado de estafar a tres propietarios con los que formalizó un contrato de compraventa de dos fincas urbanas que, según consta, no llegó a pagar pese a que logró financiación bancaria para la construcción de una supuesta promoción de viviendas en el terreno.
Durante la vista oral, que está previsto se celebre ante el tribunal de la Sección Tercera, la Fiscalía Provincial tiene previsto solicitar cuatro años de cárcel para O.M.R., a quien imputa la comisión de un presunto delito continuado de estafa como administrador de un sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria. Solicitará, asimismo, que indemnice a cada una de las víctimas con la cantidad de 66.000 euros.
Según el fiscal, el acusado, "guiado por el ánimo de enriquecerse", suscribió un contrato de compraventa en febrero de 2006 con una pareja por el que adquiría una casa de planta baja con solar en el barrio de Las Chocillas por un importe de 66.000 euros "a abonar por O.M.R. a los 60 días de la obtención de la licencia municipal de obras".
En el mismo día en el que se formalizó, cerró un segundo contrato de compraventa con otro propietario, al que adquirió también una casa de planta bajo en el mismo barrio por importe igual, a pagar, en este caso, "en un plazo máximo de 60 días desde la finalización de la obra que iba a ejecutar en el lugar".
En el mes de septiembre de 2006, según el fiscal, se otorgaron las escrituras públicas de ambas compraventas en los mismos términos "con la salvedad de que se haría constar que los vendedores confesaban haber recibido ya el importe de la venta, todo ello --añade-- con la finalidad de que el acusado pudiese obtener financiación hipotecaria".
Sin embargo, en la "misma fecha", "firmó sendos reconocimientos de deuda en los que se aplazaba el pago en los mismos términos en los que se había hecho constar en el contrato privado de compraventa".
El escrito recoge que O.M.R. solicitó en septiembre de 2006 al Ayuntamiento de Almería la licencia de obras para la ejecución de un promoción de viviendas que "supuestamente iba a construir sobre las fincas adquiridas" pero, a juicio del fiscal, lo hizo con la "única finalidad de obtener financiación bancaria".
Así, consiguió un préstamo hipotecaria por las fincas por un importe de 226.000 euros y una vez que lo obtuvo "desistió de su solicitud de licencia de obras pese a ser requerido por el ayuntamiento en varias ocasiones para que subsanase unas deficiencias detectadas en la solicitud, por lo que finalmente --concluye-- se archivó el expediente en marzo de 2009".
