La Guardia Civil ha detenido a 10 personas, ocho de ellas en el municipio malagueño de Marbella y dos en Palma de Mallorca y la mayoría de nacionalidad cubana, por su presunta pertenencia a una organización internacional especializada en cometer estafas mediante el uso fraudulento de números de tarjetas bancarias para realizar compras en Internet, modalidad delictiva conocida como 'carding'.
Hasta el momento se han identificado más de 700 operaciones fraudulentas en las que hay perjudicados en varios países, de forma que los investigadores creen que la organización lleva varios años cometiendo este tipo de estafas con perjudicados en todo el mundo, por lo que el valor de lo defraudado puede cifrarse en millones de euros.
La Benemérita ha informado en un comunicado de que esta operación, denominada 'Proxy', se inició en la capital balear en el mes de noviembre de 2012 al detectarse por parte de los agentes que uno de los ahora detenidos había realizado vuelos por valor de 25.000 euros.
Así, ha señalado que en esta primera fase se ha detenido a los integrantes de la organización en España, que eran los responsables de adquirir todo tipo de productos con los números de las tarjetas bancarias, tales como billetes de avión o tren, artículos electrónicos audiovisuales y de telefonía móvil de última generación y sobre todo cupones de promoción o descuento de diferentes plataformas alojadas en sitios web, relativos a un amplio abanico de tipología como restauración, ocio y tratamientos médico/estéticos.
Durante el desarrollo de la operación, se ha destapado el 'modus operandi' empleado para materializar las operaciones ilícitas, de forma que, según ha revelado la Guardia Civil, el líder del grupo y sus principales colaboradores se repartían las principales funciones.
De este modo, ha desvelado que uno de ellos era el encargado de obtener las numeraciones en Internet y gestionar operativamente las tarjetas, mientras que otros recibían las compras realizadas y captaban 'clientes', mientras que el resto serían colaboradores del grupo desarticulado o beneficiarios del uso ilícito.
Para cometer esta modalidad de estafa, la Benemérita ha explicado que miembros de la red, residentes en Rusia, Vietnam, Perú, Ecuador y Estados Unidos conseguían las numeraciones mediante técnicas de 'phising' o 'skimming', por medio de ataques informáticos a empresas de comercio electrónico o a través de programas automáticos de generación de numeraciones.
En este sentido, han indicado que el material adquirido era revendido a precios inferiores al valor de mercado y, para ello, se había instaurado una red de contactos que asemejaban en su funcionamiento a una "auténtica agencia de viajes", teniendo en cuenta que algunos miembros se encargaban de captar clientes a los que se vendía billetes de avión o tren, a un precio inferior al de venta al público. Concretamente, este tipo de transacciones se realizaban facilitando identidades y datos de contacto falsos.
De esta manera, la Guardia Civil ha manifestado que los datos intercambiados entre los componentes de la organización eran remitidos mediante programas de mensajería instantánea a través de Internet o bien por medio de correos electrónicos.
Para efectuar los pagos por las numeraciones, ha especificado que empleaban empresas de envío de dinero y se ha comprobado que varios de estos envíos fueron recibidos por diferentes personas en Rusia, Vietnam, Perú, Ecuador y Estados Unidos.
Durante la operación, se han practicado cinco registros domiciliarios en la provincia de Málaga en los que se han intervenido, entre otro material, teléfonos móviles de alta gama, televisores, equipos de alta fidelidad, ordenadores, documentación y 30.000 euros en efectivo.
La Guardia Civil ha destacado que los componentes de la organización tomaban grandes medidas de seguridad en sus desplazamientos, al tiempo que cambiaban frecuentemente de domicilio para dificultar su localización.
La operación, que continúa abierta y en la que se prevén nuevas detenciones, se ha llevado a cabo por el Grupo de Delitos Contra el Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Baleares, y ha contado con la colaboración de la Guardia Civil del aeropuerto de Son San Joan y de diferentes unidades de Policía Judicial de la provincia de Málaga. De la misma forma, se ha contado con la colaboración del departamento antifraude de una compañía aérea.
