El procedimiento judicial relativo a la supuesta ilegalidad de la licencia del club hípico Botafuegos ha entrado en una nueva fase tras completarse el proceso de instrucción.ç
Finalmente, y a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, única parte acusadora que resta en el caso, el juez ha dejado como imputados al ex alcalde de Algeciras Patricio González, al empresario y promotor del proyecto José Galán, la entonces secretaria general del Ayuntamiento, Ana Núñez de Cossío, a la técnico Olga Muñoz y el ingeniero municipal, José Álvarez, por supuestos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, según informaron fuentes judiciales.
De este modo, el juez ha retirado la imputación a los ex concejales de Urbanismo José Ortega y Gabriel Orihuela, que había llegado tras una anterior ampliación de la causa penal, al considerar que no tienen responsabilidad en la concesión de la licencia supuestamente ilegal; y al también concejal Francisco Calvo, junto con otros técnicos, Diego Vázquez y Pedro Lechuga, lo que reduce drásticamente el número de imputados por esta causa, que había llegado a ser de once.
Tras emitirse este auto, el fiscal podrá elaborar su escrito de acusación como fase previa a la celebración de la vista oral, que podría tener lugar en uno de los juzgados de lo penal de Algeciras en la primera mitad del próximo año, según las fuentes consultadas.
Juicio paralelo
El desarrollo de este proceso judicial se está llevando a cabo de forma paralela al trámite de la propuesta aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras en su sesión del pasado mes de junio, para iniciar el expediente de consideración de la finca como de interés público y social.
Según indicaron las fuentes consultadas, el resultado de estos trámites, para los que la decisión última la deberá tomar la Junta de Andalucía, podría influir en el sentido de que se evitase la demolición de las instalaciones y su consecuente uso en beneficio de los algecireños, según la tesis defendida ahora por el Ayuntamiento, si bien no impediría una susceptible condena penal y las inhabilitaciones contempladas para los delitos imputados.
En cualquier caso, y pese a que en los últimos años se ha endurecido el código penal en lo referente a delitos de índole urbanística, dado que los supuestos delitos se habían cometido antes de esas modificaciones, las posibles penas se ajustarían al código penal vigente en el momento de la supuesta comisión de los hechos.
Las partes imputadas tienen ahora un plazo para la presentación de los correspondientes recursos ante la decisión tomada por el titular del juzgado de instrucción.
Antecedentes
El procedimiento judicial parte de 2007, cuando se imputó al ex alcalde Patricio González, por ser quien firmó la licencia de construcción del club hípico en 2002, supuestamente sin informe jurídico y sin que se declarara de utilidad pública.
Ello motivó la denuncia del grupo ecologista Agaden, que fue por un doble sentido: la denuncia penal y la que pedía que se revisara de oficio la licencia.
El Ayuntamiento tuvo que hacer, de hecho, esa revisión de oficio porque el dictamen del consejo consultivo vino diciendo que esa licencia era ilegal. Con posterioridad, y en diferentes fases, los imputados por el caso llegaron a ser once.
