El Ayuntamiento de Estepona ha reducido casi a la mitad los pleitos judiciales en los que estaba demandado en junio de 2011, situándose -a junio de este año- en un total de 662 procedimientos. De ellos, 209 son laborales y 453 son contencioso-administrativos. En junio de 2011 esta cifra se elevaba a 1.191 pleitos (486 laborales y 705 contencioso-administrativos).
La edil de Presidencia, Ana Velasco, ha valorado este descenso en los procedimientos administrativos, que pone de manifiesto “la disminución de la conflictividad del Consistorio”, en relación a la plantilla municipal y a ciudadanos y empresarios; así como “la constatación de la recuperación de la confianza y credibilidad en la Administración local”. “El Ayuntamiento ha dejado de ser un problema para los ciudadanos y ahora es la solución a sus problemas”, ha añadido.
La disminución en el número de recursos contencioso-administrativos se debe, en gran medida, a los acuerdos y planes de pago con acreedores, por importes de más de 70 millones de euros, para abonar las deudas contraídas por anteriores equipos de gobierno. De esta forma, “la gestión económica irresponsable, y los impagos sistemáticos a empresas proveedoras del Ayuntamiento dieron lugar a una cantidad importante de denuncias, que ahora han desaparecido”. Asimismo, ha recordado que el equipo de gobierno ha conseguido cerrar el ejercicio económico de 2012 sin generar déficit y sin aumentar deudas, “acabando con las políticas anteriores de arruinar a empresarios”.
Tras lograr que las denuncias por reclamaciones de facturas se hayan eliminado, la asesoría jurídica ha aligerado su carga de trabajo y está centrada en otros procedimientos donde se defienden los intereses del municipio.
Por otra parte, los litigios laborales también han descendido por los acuerdos alcanzados con colectivos y porque el Consistorio ha ido logrando sentencias favorables que han permitido concluir procedimientos de reclamaciones de cantidades que llevaban años pendientes de una resolución.
En ese sentido, ha indicado que la situación jurídica que se encontró el actual equipo de gobierno era “tan caótica” que los responsables del departamento jurídico estaban “colapsados” y con una carga “ingente” de trabajo.
