El secretario general de la agrupación municipal del PSOE en Cádiz y portavoz en el ayuntamiento, Francisco González, ha pedido este jueves al teniente de alcalde, Ignacio Romaní (PP), que dimita "inmediatamente" de su cargo como consejero en el Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Cádiz. Considera que Romaní "no puede permanecer ni un minuto más dentro de ese órgano" tras su imputación en el caso Quality Food que supuso, apunta, "un quebranto económico de 30 millones de euros al Consorcio".
El portavoz socialista, en un comunicado, sostiene que es "muy grave" que Romaní haya pasado de ser testigo a imputado en la causa abierta sobre el desvío de fondos públicos a través de la empresa de alimentación, y ha mostrado su sorpresa por la actitud de Romaní "quien durante el juicio de Rilco ha venido defendiendo a ultranza a Miguel Osuna y ahora en este caso Quality, le ha echado la culpa de todo para eximirse de cualquier responsabilidad".
El dirigente socialista subraya que este cambio en la situación procesal del portavoz del Gobierno del PP evidencia "por qué se sumó de manera tan encendida el señor Romaní a la campaña de descrédito del PP hacia la figura de la Abogacía del Estado, cuyo informe ha sido fundamental en el giro que ha dado la instrucción".
"Romaní, aprovechándose de su cargo, ha cuestionado incisivamente el trabajo de la Abogacía del Estado que se mostró contraria al proceso de compra de Quality al que, con su voto como consejero, él sí le dio el visto bueno", señala, para a continuación asegurar que "se entiende ahora ese afán por cargarse a quienes son los garantes de la legalidad en la Zona Franca, está claro que la Abogacía del Estado es un testigo incómodo para Romaní como lo es para el PP", subraya.
Francisco González espera que a lo largo de lo que queda de instrucción y durante el juicio "todos contribuyan a esclarecer qué pasó con las ayudas públicas recibidas y los fondos generados por Quality", pero especialmente le pide al dirigente 'popular' que "cuente todo lo que sabe para conocer hasta donde llega la responsabilidad de los hechos". En este sentido, espera "ya menos" del exdelegado del PP en la Zona Franca, Miguel Osuna, "a quien el PP le paga el abogado y no será ya el Bárcenas gaditano que tire de la manta".
Por último, recuerda al actual delegado especial del Estado, Jorge Ramos Aznar, "su deber de perseguir el dinero menoscabado al Consorcio y por ende, a los gaditanos", y le exige que vele "no sólo por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Cuentas, que obliga a dos exdelegados del PP a devolver 4,3 millones de euros, sino también que colabore con la Justicia en la causa abierta en el juzgado número 3 de Cádiz".
"Para empezar, por una cuestión de imagen para que este caso no perjudique al Consorcio, lo que ya tendría que haber hecho es cesar a Fedriani (director general de la Zona Franca de Cádiz), y forzar el relevo de Romaní como consejero porque la Zona Franca de Cádiz no puede funcionar con normalidad bajo la lupa de los tribunales de Justicia", ha reclamado.
