La juez Mercedes Alaya ha decidido aplazar del 6 al 14 de noviembre la declaración del expresidente y exmáximo accionista del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera, a quien imputa dos presuntos delitos de apropiación indebida y delito societario por su gestión al frente del club, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Hay que recordar que, en un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el letrado de Lopera, José María Calero, pidió a la magistrada que suspendiera la declaración de su cliente prevista para este miércoles, así como la comparecencia de otros imputados prevista para el día 8, dado que el abogado tiene que asistir esos días a un juicio con jurado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Pues bien, la magistrada ha atendido la petición del abogado del expresidente del Betis y ha fijado la declaración de éste para el próximo día 14 de noviembre, mientras que las comparecencias de otros imputados previstas para el día 8 también han sido aplazadas.
No obstante, la instructora no se ha pronunciado por el momento sobre la petición del letrado de Lopera para que archive la causa.
Según el abogado, "a la vista de todo lo instruido puede descartarse por infundada la sospecha" de que, "conforme a un plan criminal desarrollado a lo largo de 18 años, se haya apropiado o haya distraído fondos" del Betis "enriqueciéndose y obteniendo algún beneficio económico para sí o para un tercero con su gestión".
A su juicio, todas las diligencias de instrucción, incluida la pericial judicial, "desmienten las hipótesis de las acusaciones", de manera que "puede descartarse por infundada la sospecha" de que, "conforme a un plan criminal desarrollado a lo largo de 18 años, se haya apropiado o haya distraído fondos --apropiación indebida--" del Betis "enriqueciéndose y obteniendo algún beneficio económico para sí o para un tercero con su gestión --delito societario--".
"FALTA DE RIGOR" DE LOS PERITOS JUDICIALES
"Todo lo más, y dando al informe de los peritos judiciales un valor que no merece, podría concluirse que, con criterios de gestión más acertados o ajustados, podrían haberse reducido costes en la gestión" del Real Betis, dice el letrado, que abunda en que, "aún prescindiendo de la falta de rigor y de autoridad científica o técnica de los señores peritos para hacer semejante valoración --que nadie les había pedido--, en todo caso esa condición de 'manirroto' por promotor de gastos innecesarios o 'mal gestor' atribuida" a su cliente "no sería constitutiva de ningún delito".
El abogado asevera que, "con independencia de la pléyade de graves irregularidades procesales que han jalonado" el proceso, alguna de las cuales reseña en el escrito, "el soporte esencial" de la petición de archivo "es la constatación de que, a pesar de todas estas incidencias procesales, las hipótesis iniciales de las acusaciones han quedado desmentidas".
Y es que "si la hipótesis inicial fuera cierta, de una parte el Real Betis se habría vaciado patrimonialmente, y, correlativamente, las sociedades" de Lopera "se habrían enriquecido", no obstante lo cual "tras más de cinco años de instrucción puede asegurarse que nada de eso ha ocurrido".
El letrado asevera que las actuaciones judiciales, "en todo caso acreditan que, entre 1993 y 2007, periodo en el que se desarrollan las relaciones contractuales entre Betis y Tegasa y Encadesa, la entidad no solo no quedó despatrimonializada, sino que sus fondos propios pasaron de ser negativos a la cifra de 47 millones de euros", de manera que "su situación patrimonial y económica se sitúa dentro de la media de entidades similares del sector".
NI "RASTRO" DE ENRIQUECIMIENTO
Además, durante ese periodo de tiempo "no se han producido incrementos patrimoniales ni en Tegasa ni en Encadesa ni en ninguna de las sociedades o la persona" de Lopera, datos "objetivos y acreditados que justifican, en sí mismos, el archivo que se solicita".
"En las diligencias de instrucción no aparece rastro de enriquecimiento, ni de beneficio lucrativo alguno ni en el patrimonio de mi mandante ni en el de las sociedades con él relacionadas, ni de un tercero", subraya, indicando que tales diligencias "no dejan ninguna duda real sobre la inexistencia de enriquecimiento alguno o de apoderamiento de alguna cantidad, por mínima que fuera, procedente del Betis, ni de un sólo euro que hubiera sido destinado a un fin distinto del acordado para que así llegara de manera definitiva a ingresar a su patrimonio".
Calero entiende que "los supuestos perjuicios a los que los peritos judiciales se refieren comprenden, esencialmente, gastos innecesarios tales como pagos al utillero, al encargado de marketing, que aún hoy sigue prestando servicios en el club, y la compra de útiles del gimnasio", pero todo ello "no encuentra relación alguna con ningún beneficio económicamente evaluable".
El letrado señala que "se trata de perjuicios que, aún si no fueran simplemente imaginados, podrían abrir alguna acción de exigencia de responsabilidad civil o mercantil" para Lopera, "pero en ningún caso de naturaleza penal".
LOPERA "HA PUESTO EN RIESGO TODO SU PATRIMONIO"
Por todo ello, "una resolución que estableciera como fundamento fáctico de la decisión de continuación del procedimiento cualquier cifra --incluso un euro--- de enriquecimiento" del imputado "a través de sus actuaciones en la gestión como administrador del Betis tendría que inventarse ese hecho inexistente, y en ausencia de ese dato, que no aparece a lo largo de todas las diligencias de instrucción --incluida la pericial judicial--, solo cabe, en Derecho, acordar el sobreseimiento de esta causa".
"Como acreditan las actuaciones, toda la actuación de mi mandante responde exactamente a una relación inversa de la propia del administrador desleal: ha puesto en riesgo todo su patrimonio presente y futuro en defensa del interés" del club, un riesgo al que "aún hoy sigue anudado", concluye.
