El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha asegurado en los últimos días a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, en el marco de un contacto mantenido entre las partes, que el Estado está dispuesto a mantener el compromiso que el ministro, Miguel Arias Cañete, había adquirido con el anterior responsable autonómico, Luis Planas, en lo tocante a asumir al 50 por ciento los costes de un eventual derribo del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería).
Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press la consejera, María Jesús Serrano, que ha incidido en el hecho de que el Ejecutivo estatal reitere su compromiso de colaboración en "el restablecimiento de la realidad urbanística alterada" en este entorno. Según se recoge en el informe elaborado por la empresa estatal Tragsa, se fija el coste global de las actuaciones en 7,1 millones de euros, y en 3,9 los necesarios para la demolición.
Asimismo, Serrano ha confirmado que el Ayuntamiento de Carboneras ha decidido finalmente no recurrir en casación la sentencia donde se daba la razón a la Junta en su resolución respecto al derecho de retracto en la compra de terrenos, por lo que la administración andaluza queda así a la espera de que salga otro fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), esta vez en respuesta a la acción interpuesta por la constructora Azata.
"Ése es el escenario en el que nos movemos, a la espera de que las resoluciones judiciales sean firmes y, por tanto, otorguen seguridad jurídica plena para abordar la demolición y el restablecimiento medioambiental de la zona, como se comprometió en 2006 Manuel Chaves", ha apostillado la consejera.
Recientemente, el TSJA ha resuelto aplazar la audiencia pública señalada para el pasado 14 de noviembre en la que se iba a dirimir si la licencia municipal que permitió la construcción del hotel es nula o, por el contrario, es ajustada a derecho.
PARALIZADO HACE OCHO AÑOS
La sala de lo contencioso, en concreto, citaba a las partes para resolver sobre el recurso contra la sentencia del juzgado número 2 de Almería que en septiembre de 2008 anuló la licencia al considerar que vulnera la normativa en materia de costas y de medio ambiente, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
El fallo señaló como "incontestable", a la vista del examen de la documental practicada, que el sector S-T1 del Plan Parcial aprobado para la construcción del hotel se ubicaba de "forma clamorosa" en "espacio protegido" y "no era urbanizable" pese a lo sostenido por la Consejería andaluza de Medio Ambiente, que localizaba el suelo en zona D2, "no incompatible con el uso urbanístico".
En esta misma resolución, su entonces titular, el magistrado Jesús Rivera, apuntó que la Junta de Andalucía había realizado lo que tildó como "una burda maniobra" para sustituir la planimetría del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar publicada oficialmente en BOJA de 22 de diciembre de 1994 por otra para "orillar la limitación que imponía" y "permitir de esta guisa" la obra en terrenos de especial protección.
La decisión que en un sentido u otro acabe adoptando el Alto Tribunal andaluz podría suponer el impulso definitivo para que se resuelva el conflicto en torno al establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones, cuya construcción fue paralizada de manera cautelar por orden judicial hace ocho años cuando se encontraba a más de un 90 por ciento de ejecución y a dos meses vista de abrir sus puertas al público según sostuvo siempre la promotora.
