Que no. Es lo que debió decirle el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ayer en la reunión que mantuvieron ambos. El alcalde mantuvo firme su postura de no volver a prestar el servicio de ayuda a domicilio en la capital a través de la empresa Multiservicios Jabalcuz a partir del próximo 4 de diciembre, tras denunciar y renunciar al convenio por el impago de dos millones de euros.
A pesar de que la consejera volvió a recordar que se han pagado 600.000 euros este año y que próximamente se abonarán otros 800.000 euros, el equipo de gobierno del PP considera que este encuentro llega tarde y que el Gobierno autonómico, además, “no ha propuesto ni plazos ni compromisos de pago”, según indicó la concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, que también asistió a la reunión junto a su compañero el edil de Hacienda, Miguel Contreras.
Irresponsable
Por su parte, la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, lamentó la “actitud irresponsable” del alcalde de la ciudad al negarse a prestar este servicio que es de “vital importancia” y que se viene realizando en toda la comunidad autónoma a través de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y de las diputaciones. No obstante, informó de que “de una forma u otra” la ayuda a domicilio se mantendrá en la capital.
Por otro lado, María José Sánchez recuerda que la ley estableció que la financiación del sistema se repartía al 50 por ciento entre el Estado y la comunidad autónoma, y sin embargo, “la Junta está sufragando un 72 por ciento de la inversión total debido a los recortes por parte del Gobierno central en los últimos tres años”. Estos recortes han supuesto 314 millones de euros menos destinados a las personas en situación de dependencia, según la Junta.
Por su parte, el secretario local de PSOE de Jaén, Manuel Fernández Palomino, acusa al alcalde
de Jaén, Fernández de Moya, de haber “consumado una venganza política contra la Junta de Andalucía sin escrúpulos ni conciencia” al ratificarse en su decisión de denunciar el convenio para la prestación de la dependencia suscrito con la Administración autonómica, sirviéndose para ello, en su opinión, de “500 enfermos dependientes a los que ha dejado tirados en la cuneta”.
