Así se lo trasladó ayer el concejal de Urbanismo, Ignacio Romaní, a las familias afectadas durante una reunión en la que “hemos vuelto a poner toda la disposición del equipo de Gobierno para ayudarles”, señaló. Fruto de este encuentro, el edil de Bienestar Social, José Macías, se comprometió también a buscar algún sitio para guardar los muebles, tal y como le plantearon los residentes.
El problema es que la solución final no depende del Consistorio, sino de que las monjas del convento de Santa María acepten la herencia que les legó un particular para luego vender el inmueble a la Junta de Andalucía y que ésta pueda remodelarlo íntegramente.
Pero las negociaciones entre el Obispado --en representación de las religiosas-- y el administrador del usufructuario vitalicio no parecen avanzar. Además, todo apunta a que permanecerán paralizadas hasta que terminen los trabajos de seguridad en la finca y se evalúen los daños materiales ocasionados. Los arrendatarios ya han anunciado su propósito de reclamarlos, si bien nadie se muestra dispuesto a afrontarlos. De ahí que, sin acuerdo, peligre la rehabilitación contemplada.
RESPUESTA DE LA JUNTA
Mientras tanto, continúa el cruce de acusaciones entre Ayuntamiento y Junta por la responsabilidad del accidente que obligó a desalojar y precintar el edificio. De este modo, el delegado provincial de Vivienda, Gabriel Almagro, respondió ayer al concejal de Urbanismo, quien el día anterior recordó que el Gobierno andaluz había subvencionado en 1993 el arreglo del forjado del piso siniestrado y le culpó de no haberlo supervisado.
Sin embargo, el representante autonómico precisó que fue el Consistorio el que recibió la petición de los inquilinos y el que la tramitó en el marco del convenio existente entonces entre las administraciones local y regional para reformar la casa. “La Junta sólo aportó el dinero”, dijo.
En cuanto al “deficiente trabajo” denunciado por el equipo de Gobierno, Gabriel Almagro se limitó a resaltar la “profesionalidad” de los dos arquitectos contratados para aquella actuación. Incluso desveló que uno de ellos, Arturo Huertos, ostenta en la actualidad el cargo de director técnico de la empresa municipal de vivienda, Procasa. “Así que no será tan malo como da a entender Romaní”, apostilló.
