El Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla llevará al Pleno municipal, que se celebra este viernes, una moción mostrar el rechazo de la corporación local a la reforma local emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que se desarrolla "sin consenso".
Según la moción, recogida por Europa Press, IU pide al Ayuntamiento que rechazo esta reforma y solicite al Gobierno central que, "a fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional (TC)", retire su Proyecto de Ley y elabore uno nuevo "en base a los principios de consenso y de los compromisos políticos básicos, debiendo contar con la participación de las administraciones locales, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias".
De este modo, hacer referencia al manifiesto planteado por los diferentes alcaldes españoles, de diverso color político, "excepto del PP", y se denuncia que se está "en contra de la vulneración del principio de autonomía local, en su configuración constitucional y en el marco de la Carta Europea de Autonomía local".
"El proyecto reduce el respeto a la autonomía local a una mera declaración sin contenido, frente a un alud de instrumentos de tutela económica y de gestión", añade, alertando de que existe una "invasión del marco competencial" de los diferentes Estatutos de Autonomía que otorgan competencias plenas en materia de organización de la Administración local a diferentes regiones.
Además, insiste en que la reforma local que se define en el Proyecto tendría que establecer su "carácter supletorio respecto a las regiones con competencias plenas en la materia", mientras que resalta la "inadecuación" del contenido del proyecto a las finalidades en que se fundamenta.
"El Proyecto penaliza las administraciones que han realizado un esfuerzo más eficaz en favor de la contención del déficit público y ni mejora la financiación local, ni consigue la racionalización y sostenibilidad de las finanzas locales", critica.
Finalmente, se manifiesta la "insolvencia" del Proyecto de Ley desde la perspectiva de la financiación de las corporaciones locales, incorporando modificaciones "sustanciales en las competencias locales y no lo acompaña con la consiguiente reforma de la Ley de Haciendas Locales con el fin de adecuar su financiación a las responsabilidades que les encomienda".
