“Estoy dispuesto a discutir con los ayuntamientos no el 50% sino el 100% de la deuda histórica, pero siempre y cuando el dinero sea destinado a sanidad, educación o vivienda, ya que la base de la Disposición Adicional Segunda es el déficit en esos servicios, y dedicar ese dinero a una financiación incondicional supondría distorsionar esta reclamación recogida en el Estatuto”, advirtió.
Chaves planteó esta posibilidad a la FAMP durante la reunión mantenida ayer con los ayuntamientos en el pleno del Consejo Andaluz de Concertación Local, órgano de interlocución entre la Junta y los ayuntamientos, que el presidente defendió como un encuentro “sincero y respetuoso”.
Antes del encuentro la FAMP había acordado plantear a la Junta que los ayuntamientos aumenten su endeudamiento, que reciban parte de la deuda histórica de Andalucía y que la Junta pague la deuda que mantiene con las corporaciones, como medidas “inmediatas” contra la situación económica “crítica” de los ayuntamientos.
Chaves insistió en que se haría un “mal servicio” a la ciudadanía si el montante de esta reivindicación se empleará para resolver los problemas económicos de las corporaciones.
Frente al “talante” mostrado durante la reunión por los alcaldes del PP, el presidente volvió a recriminar al presidente popular, Javier Arenas, que “utilice” a los ayuntamientos del de su partido para “enfrentarlos” a la Junta por “interés partidario”, lo que consideró un “mal servicio” a los ciudadanos.
Ley de estabilidad
El gobierno andaluz coincidió también con los ayuntamientos en la “urgencia” de abordar la financiación de la haciendas locales, un asunto que depende del Ejecutivo central, así como en la necesidad de reclamar al Estado la posibilidad de que se pueda “flexibilizar” el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria -capacidad de endeudamiento- por parte de los ayuntamientos, cuyo límite actual está en el 0,2 por ciento y que los ayuntamientos piden ampliar.
A partir de esta reunión el Ejecutivo autonómico establecerá una “hoja de ruta” para afrontar los problemas municipales, especialmente en lo que tiene que resolver la Junta, cuyo plazo será el primer semestre de 2009.
Está previsto que en el horizonte de junio de 2009 lleguen al Parlamento andaluz la Ley de Participación de las Corporaciones Locales en los tributos de la comunidad y la Ley de Régimen Local, que incluirá un catálogo de competencias cedidas, normas que -según Chaves- serán consensuadas con la FAMP.
Además, el presidente recibió un documento sobre la competencias que reclama la FAMP, que estudiará una comisión interdepartamental de la Junta.
Bajo el epígrafe “El poder del gasto no debe suplantar la competencia”, el informe recoge que, con competencias fijadas para los ayuntamientos, la subvención se revelaría como “inadecuada” como medio de financiación, e incluso que las competencias “impropias” deberían adquirir garantía jurídica y regularse como “propias”.
Según el presidente de la FAMP, el socialista Francisco Toscano, el documento marca un “antes y un después” para los ayuntamientos en el ámbito estatal.
Toscano destacó la unidad y la utilidad de la FAMP, pese a las criticas de “algunos dirigentes”, e insistió en la importancia de resolver los problemas de los ayuntamientos. “Ni aquí ni en ninguna parte de España se nos trata como parte del Estado”, lamentó.
