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El gobierno local asegura que \"actuará\" contra el patrimonio personal de Gómez si fuera necesario por deudas

Destaca que se deja trabajar a los técnicos \"sin injerencias políticas\" y se da \"el mismo trato a todos los expedientes\"

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El concejal de Hacienda, Gestión y Administración Pública del Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado que el gobierno municipal "hará lo que marque la legislación" en cuanto a las deudas que el empresario, concejal, diputado provincial y líder de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Gómez, mantiene con el Consistorio por sanciones urbanísticas, la mayor de ellas por unos 24 millones de euros por la construcción sin licencia de las naves de Colecor, de manera que "si finalmente hay que llegar a actuar contra el patrimonio personal, se actuará".

   Así lo ha manifestado el edil en una entrevista con Europa Press, en la que ha recordado que dicha sanción está pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en próximos días tomará una decisión tras el recurso a la misma, según han informado a Europa Press fuentes del Alto Tribunal.

   De este modo, una vez que resuelva el TSJA, resalta Bellido, el Ayuntamiento tendrá que "actuar" con el fin de intentar cobrar las deudas de la empresa de Gómez, Arenal 2000, aunque aclara que el concejal también es "deudor personal" y como "contribuyente tiene también deudas con la administración".


   No obstante, señala que la citada deuda es "la más alta del Ayuntamiento", motivo por el que "tiene un trato muy importante por parte de los servicios técnicos", a lo que añade que "hay actuar con todo el mundo por igual, olvidándose de quién es", en unos procedimientos, como las subastas o adjudicaciones directas de algunos bienes, en los que "se hace todo con absoluta transparencia, con información a los grupos municipales", destaca.

   Pese a dichos procedimientos, "apenas" se ha reducido la deuda que tiene Rafael Gómez con el Ayuntamiento, precisando el edil que la sanción por las naves "el problema que tuvo al anular el juez el procedimiento y decir que había que iniciar de nuevo, es que todos los bienes bien trabados por los técnicos para su embargo se perdieron y pasaron a garantizar otras deudas", con lo cual "esa deuda se quedó prácticamente sin bienes para garantizar", explica.

   Entretanto, Bellido defiende que "si hay algo que diferencia a este gobierno con respecto a anteriores es que no hay ni la más mínima sospecha por parte de nadie de que no se esté haciendo todo lo que se puede y se da trato igual a todas las personas con deudas con el Ayuntamiento", de manera que, apostilla, "nadie nos va poder acusar nunca de querer forzar pactos alrededor de platos de pijotas" --en alusión a las declaraciones que hizo en su momento Rafael Gómez sobre sus reuniones con la exalcaldesa de IU Rosa Aguilar--, "porque no es nuestra forma de actuar".

   A su juicio, "en este caso lo que tiene que hacer un buen gobernante es dejar trabajar a los técnicos, que tienen su proceder, y con ninguna injerencia política se deja que vayan los ritmos y los procedimientos que marcan la ley y el reglamento". Aunque es consciente de que con las diversas subastas de bienes "no quiere decir que acabe bien, porque es muy difícil", dado que "ni siquiera la Agencia Tributaria, que tiene mucha más potencia técnica y muchos más medios a su disposición que el Ayuntamiento, tiene ahora mismo todas las deudas saldadas y pendientes de cobro con la empresa" del líder de la oposición en el Consistorio.

   Así, considera que "es muy complicado" saldar las deudas, pero "se hace todo lo que se puede y sobre todo dejando trabajar a los técnicos, sin ninguna injerencia", y principalmente "dando el mismo trato a todos los expedientes, porque no sería justo que una persona por ser concejal del Ayuntamiento tuviera mejor trato, ni tampoco que lo tuviera peor", argumenta Bellido.

CRITERIOS CON LA REFORMA LOCAL

   Por otra parte, el edil de Hacienda señala que los saldos de dudoso cobro se mantienen este año "parecidos" a los del ejercicio anterior, "en torno a los 45 millones de euros", de los que 24 corresponden al expediente de las naves de Colecor.

   Al respecto, explica que "este año con la nueva ley de reforma local ya se han puesto por fin unas normas comunes para todos los ayuntamientos para cómo establecer los saldos de dudoso cobro", de manera que "se recalculará conforme marca la legislación, y aunque el método es distinto, la cifra final va a ser muy parecida".

   Y es que, "Córdoba es uno de los ayuntamientos más cumplidores y otros ayuntamientos quizás tenían métodos con ventajas para el equipo de gobierno, pero no reflejaban tan bien la realidad", argumenta Bellido, quien detalla que "ahora al tener unas reglas del juego iguales para todos, seguramente beneficia a Córdoba en comparación a otras ciudades que verán cómo sus resultados empeoran como consecuencia de aplicar esos criterios más adecuados a la realidad contable".

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