La parlamentaria andaluza del PP y vicesecretaria de Políticas Sociales del PP cordobés, Rafaela Obrero, ha criticado este miércoles que el PSOE e IU "han rechazado desbloquear" la situación en que se encuentra el servicio de transporte sanitario no urgente en la provincia cordobesa, "una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía que ha recortado en un 70% el servicio en la provincia y lo tiene paralizado desde hace dos años".
Así lo ha afirmado la parlamentaria andaluza en una nota tras la Comisión de Salud del Parlamento andaluz, en la que ha defendido una proposición no de ley del Grupo PP-A en la que se pide al Gobierno andaluz desarrollar el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, y de forma más urgente, lo referente al sector de auto-taxi en la prestación del servicio de transporte no urgente sanitario; además de negociar con el sector del taxi las condiciones de la prestación de este servicio así como las tarifas a aplicar.
Según lamenta Obrero, "tanto PSOE como IU han dado la espalda a las demandas y las reivindicaciones" de más de 300 taxistas en la provincia de Córdoba que han prestado el servicio sanitario no urgente, para pacientes que tuvieran prescrito facultativamente un tratamiento periódico o ilimitado de rehabilitación, diálisis u oncológico, y que "en estos últimos años han visto recortado considerablemente los servicios porque la Junta no autoriza y ni subvención este servicio para los pacientes".
En abril de 2012 se llevó a cabo un recorte del 10% de este servicio cuando la Consejería decidió reducir el precio de los contratos con empresas del sector que mantienen servicios concertados tanto para el transporte urgente como el no urgente. En junio de 2012 "impusieron" el taxi compartido para varios pacientes a la vez, algo que volvió a mermar la rentabilidad del servicio para el sector del taxi en torno a un 30%. Y en octubre de 2012 se eliminó la posibilidad de utilizar el transporte no urgente prestado por taxis para los nuevos pacientes que requirieran el servicio, de manera que sólo se mantendría en aquellos pacientes que llevaran tiempo en tratamiento de oncología, radioterapia o de diálisis.
"Desde entonces la situación se ha empeorado aún más pues actualmente ni siquiera se mantiene este servicio para los pacientes de radio o quimioterapia, ni para los de rehabilitación, porque han ido terminando con los tratamientos y ya no se han incorporado pacientes nuevos. Tan solo se han mantenido para los enfermos de diálisis o personas trasplantadas y con una limitación de transporte para 3 meses", asegura Obrero, quien advierte de que "el bipartito de PSOE e IU está propiciando que haya pacientes de primera y pacientes de segunda en Córdoba".
"NINGUNEO" A LOS TAXISTAS
Esto se suma al "grave perjuicio" para los profesionales y autónomos del sector del taxi, a los que, a su juicio, "la Consejería de Salud está ninguneando, imponiendo decisiones sin margen de negociación y sin escuchar las propuestas que han planteado para seguir haciendo viable este servicio".
Durante mucho tiempo los taxis han suplido la falta de ambulancias, sobre todo en las zonas rurales y en localidades dispersas de la provincia. Este servicio ha permitido subsistir a los taxistas de pueblos entre 4.000 a 10.000 habitantes, que en los últimos dos años han visto mermado considerablemente el número de servicios prestados a pacientes en los hospitales de Córdoba, suponiendo un 70% menos de facturación al mes.
Además, este servicio está recogido en la legislación andaluza vigente, debiendo establecer la administración andaluza las condiciones de uso del servicio del taxi en los términos en los que se desarrolle el decreto que lo regula. "Asimismo, es muy necesario que la Junta ponga en marcha de una vez por todas el Consejo Andaluz del Taxi como órgano de interlocución y participación con los profesionales y representantes del sector del taxi, para fijar las condiciones de la prestación del servicio de transporte no urgente así como las tarifas a aplicar", dice la parlamentaria cordobesa, quien censura que "este órgano lleva dos años de retraso, y en ese tiempo el gobierno andaluz ha ninguneado al sector, al que no ha escuchado ni tenido en cuenta sus propuestas".
De este modo, agrega, "la realidad es que se ha suprimido el servicio de transporte no urgente en la práctica de la cartera de servicios que presta el Servicio Andaluz de Salud (SAS), a pesar de ser un servicio complementario regulado y amparado normativamente en la comunidad autónoma".
Según ha recordado, en diciembre de 2013, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se acordó con el consenso de las comunidades autónomas, que no habría copago para el transporte sanitario no urgente, "con lo que los usuarios o pacientes de este servicio no tienen que aportar nada, corriendo a cuenta de las comunidades autónomas el pago efectivo del mismo, y dejando libertad para que cada una de ellas establezca el convenio o fórmula para la gestión del mismo", afirma Obrero, "con lo cual, el Gobierno de España ha establecido que no haya copago en este servicio, mientras que la Junta de Andalucía lo suprime y hace que cada paciente se pague de su bolsillo el transporte para acudir a estos tratamientos médicos".
En definitiva, la popular subraya que este servicio es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía que es quien debe establecer la fórmula para llevar a cabo este transporte que está dentro de las prestaciones de la cartera complementaria del Sistema Nacional de Salud, y determinar cómo se gestiona el cobro del mismo. La Junta decide el tipo de contrato y concierto así como el tiempo o duración del mismo, "con lo cual está en su mano que cientos de cordobeses puedan beneficiarse de este servicio de transporte sanitario no urgente, y de que muchos taxistas puedan seguir manteniendo su trabajo gracias a este servicio", a lo que añade que "es lamentable que ante esta realidad, tanto PSOE como IU en el Parlamento andaluz miren para otro lado por un puro interés partidista, olvidando una vez más a los cordobeses en un tema tan sensible como este".
