La Asociación Foro Taxi Libre ha advertido a través de un comunicado de que el Ayuntamiento hispalense está actuando "al dictado" de las dos organizaciones mayoritarias del gremio del taxi a la hora de elaborar la nueva ordenanza del sector, lamentando además el "notable retraso" que sufre el trámite de esta regulación y las supuestas contradicciones en las que incurrirían dichas asociaciones mayoritarias.
Hablamos del proyecto de nuevo ordenanza impulsada por el Ayuntamiento para adaptar el articulado ya existente al Reglamento Andaluz del Taxi. El documento de aprobación inicial, ya votado en el pleno del Consistorio, aborda aspectos como las licencias, tanto su adjudicación como los cambios de titularidad, y la modificación del número de las mismas. Además, recoge el "obligado mantenimiento" de unas condiciones adecuadas de aseo y vestimenta de los taxistas, a los que se insta a evitar "ropa deportiva y pantalón corto", y se les obliga superar un examen para obtener el certificado de aptitud profesional, una prueba dirigida a evaluar el conocimiento de los aspirantes sobre temas relacionados con la prestación del servicio de taxi, y añade que el Instituto del Taxi puede incluir también una prueba psicotécnica y una prueba de inglés básico.
Las directivas de la Unión Sevillana del Taxi y de la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi se han reunido recientemente con el concejal delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno (PP), al objeto de negociar la incorporación de una serie de alegaciones al documento de aprobación inicial de la nueva ordenanza, sobre todo en lo concerniente a la situación económica de los taxistas.
La asociación Foro Taxi Libre, en ese sentido, ha advertido del "notable retraso" que arrastra la tramitación de la nueva ordenanza, pues fue en marzo de 2012 cuando entró en vigor el decreto que regula el Reglamento de los Servicios de Transportes Públicos de Viajeros/as en Automóviles de Turismo, siendo estipulado entonces un plazo de 15 meses para la adaptación de las ordenanzas municipales en la materia. Sobre la mencionada reunión de Bueno con las dos organizaciones mayoritarias del sector del taxi, señala Foro Taxi Libre que ni siquiera ha comenzado el periodo de exposición pública del documento inicial de la nueva ordenanza, por lo que el Consistorio actúa "al dictado de lo propuesto por estos representantes".
"No se entiende las declaraciones de representantes del sector, miembros del consejo de gobierno del Instituto del Taxi, cuando éstos, junto con el director de Movilidad y técnicos del Instituto, tomando como base una ordenanza tipo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, han elaborado la nueva ordenanza antes de ser aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Sevilla", dice la asociación minoritaria de taxistas rememorando que el consejo de gobierno del Instituto Municipal del Taxi aprobó el documento "por unanimidad el 20 de diciembre de 2013 con la participación de representantes de las organizaciones mayoritarias. "Basta de manipulación del sector", señala la organización minoritaria de taxistas.
Del mismo modo, la organización minoritaria avisa de que "a día de hoy, nadie ostenta el cargo de director del Instituto del Taxi, incumpliendo lo establecido por los estatutos". "Nos vamos a oponer, al nombramiento de un director que actué al dictado de estos representantes, que desde la arbitrariedad y el abuso de poder, han llevado al sector a la actual situación de quiebra, y solicitamos que se ejecute el acuerdo del consejo de gobierno del Instituto del Taxi de julio de 2011, en el cual, se nombra a una persona, absolutamente capaz".
"Foro Taxi Libre es la única asociación que, desde el principio, se ha opuesto al establecimiento de tasas y ha presentado un recurso contencioso contra esta medida. Fueron estos representante los que firmaron un acuerdo con el Ayuntamiento para que un sector en quiebra, en lo más duro de la crisis, en diciembre de 2011, fuese objeto de medidas coactivas y confiscatoria para que los titulares de licencias paguen tasas por importe de 600 euros", concluye el colectivo.
