Duro, detallado, directo y contundente. Así es el escrito que Esperanza Ornedo, presidenta de SOS Bebés Robados Huelva, envió el pasado lunes 3 de marzo a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, organismo al que solicita que actúe ante el “tráfico de seres humanos” y “crímenes de lesa humanidad” que, según defiende, se produjeron en España en los últimos años de la dictadura y primeros de la democracia.
Particularizado en su caso, Ornedo, que ha adjuntado al escrito 150 folios del procedimiento dividido en 28 documentos, abandera la reivindicación de las víctimas españolas de presuntos bebés robados. El documento mandado a Europa, al que ha tenido acceso Viva Huelva, expone que en su asunto particular “ha quedado patente el desinterés absoluto del Estado español en el asunto, a pesar de existir pruebas o al menos indicios de la comisión de los delitos que se denuncian, lo que está haciendo con absoluta indiferencia al derecho a la tutela judicial efectiva y a la indefensión de máximo grado que pudiera producirse a los denunciantes”.
La denunciante, que acusa a España de “violar” el tratado europeo, defiende que hechos como los de su caso encajan perfectamente en otros tipos del Código Penal Español y demás leyes penales internacionales, como la detención ilegal, la sustitución de un niño por otro, la alteración de la paternidad, la exposición de menores...”. Además, valora como una de las causas del freno investigatorio en España “la relación de parentesco de hasta primer grado de médicos y otros sanitarios implicados en estos crímenes atroces, con políticos de primera fila de nuestro país”.
En esta misma línea, Esperanza Ornedo relata que tanto en su caso como en “las decenas de miles de ellos que están surgiendo en España, se está negando sistemáticamente la documentación por parte de las administraciones competentes, bien no entregando la misma, bien entregándola incompleta, bien alegando estar destruida por incendios, inundaciones...”. Con estos, y más argumentos, la adalid de las víctimas de presuntos robos de bebés en este país denuncia que “en España se están violando gravemente, tanto en el caso del denunciante como en las decenas de miles de casos que están apareciendo, los derechos humanos más elementales reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, así como: “Igualmente, con su actitud el Estado español está violando la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1.989, ratificada por España (BOE de 31 de diciembre de 1.990). La Convención da cuenta de que el derecho a la correcta identidad es el primer derecho humano que posibilita el correcto ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, tanto para el menor como para sus padres (artículo 7.1). Además la expresión ‘toda persona’ del artículo 8 del Convenio se aplica tanto al niño como a la madre”.
Ante esto, el escrito mandado a Europa continúa argumentando que “los estados firmantes del tratado respetan los derechos relacionados en la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea como derechos fundamentales de la persona que ningún estado miembro podrá violar ni dejar de aplicar en virtud de los Tratados firmados con sus socios comunitarios”, motivo por el que Esperanza Ornedo considera “que la violación o la no aplicación por el Estado español de los derechos humanos más elementales a que hemos hecho referencia, entra dentro de las competencias de la Unión Europea y en particular de esa Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo”.
Por todo ello, Ornedo concluye su petición a la UE arguyendo que “interesa que, previo estudio, se apruebe resolución por la que se declare que el Reino de España está violando los derechos humanos de los más débiles, al estar intentando a toda costa, que no sean investigados los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país [...] y se le requiera para que no cercene tales derechos, ordenando que el Ministerio de Justicia español no obstaculice la libre investigación de los procedimientos, como está haciendo hasta ahora, mediante el archivo masivo de miles de denuncias sobre robo de niños, no siendo de recibo que la única investigación realizada por la justicia española, se remita únicamente a solicitar documentación a los centros y personal sanitario, sobre los que planea la sombra de estos terribles delitos, dando por válidas, en un acto de fe incondicional, sus respuestas evasivas y ajenas a cualquier tipo de colaboración con la Justicia, sin ni tan siquiera llamar a declarar a las víctimas, lo que supone prácticamente una nula investigación, y se ordene abrir cuantos registros públicos sean necesarios para la obtención de los datos que al ciudadano pertenecen”.
Por último, solicita “que se apruebe resolución por la que se declare que el Reino de España está violando los derechos humanos de los más débiles”.
