La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal formada mayoritariamente por ciudadanos nigerianos que se dedicaba a introducir mujeres subsaharianas en España de forma ilegal para obligadas a ejercer la prostitución en beneficio de la organización.
Según ha informado la Policía en un comunicado, para asegurarse de que las autoridades españolas no las devolvieran a sus países de origen al interceptar las pateras en las que llegaban, la red intentaba que las mujeres hicieran el viaje en avanzado estado de gestación o acompañadas de hijos de muy corta edad.
Además, en algunas ocasiones, los miembros de la red de explotación sexual entregaban niños a las mujeres que introducían ilegalmente en España para que se hicieran pasar por sus madres al atravesar el Estrecho de Gibraltar.
Al llegar a España, eran obligadas a ejercer la prostitución, algunas de ellas en clubes de alterne clandestinos donde permanecían encerradas bajo llave en pésimas condiciones higiénicas durante el tiempo que no estaban ejerciendo la prostitución.
Las investigaciones comenzaron en septiembre de 2013, con la llegada a las costas españolas de una patera en la que viajaba un grupo compuesto por ocho mujeres subsaharianas en avanzado estado de gestación o acompañadas de menores de muy corta edad.
Inmediatamente, los agentes especializados se pusieron en contacto con las mujeres y, tras comprobar que se trataba de víctimas de trata de seres humanos, las informaron de los derechos y recursos asistenciales que la normativa legal vigente establece para estos casos.
La Policía también averiguó de que la mayor parte del grupo de mujeres y menores había huido precipitadamente del centro asistencial en el que se encontraban acogidos, lo que confirmó sus sospechas de que se trataba de víctimas de trata de seres humanos.
De este modo, se averiguó que detrás de todo esto estaba una organización criminal compuesta en su mayoría por ciudadanos de diversas nacionalidades dedicada a la introducción ilegal de mujeres subsaharianas en España, para su posterior explotación sexual. Una vez que las mujeres llegaban a España, eran trasladadas por la organización a diversas localidades del área metropolitana de Barcelona o a Almería, donde eran explotadas sexualmente.
EL "JEFE" DIRIGÍA DESDE MARRUECOS
El máximo responsable de la organización, afincado en Marruecos, dirigía todo el proceso al que eran sometidas las mujeres, desde su captación en el país de origen, principalmente Nigeria, pasando por todo el recorrido que hacían a lo largo del continente africano, hasta su llegada a las costas españolas, tramo este último que realizaban en patera.
El jefe de la red también se encargaba de supervisar la posterior fase de acogida en el lugar de destino y su explotación sexual. Este individuo trasladaba en pateras casi exclusivamente a mujeres gestantes o madres con hijos de corta edad con el fin de garantizar su no regreso al continente africano.
EN UN CLUB DE ROQUETAS DEL MAR
A raíz de la información obtenida del operativo anterior, se inspeccionó un club de alterne clandestino de la localidad de Roquetas de Mar (Almería), cuya clientela estaba compuesta casi en exclusiva por individuos de nacionalidad nigeriana, el cual carecía de todo tipo de licencia administrativa.
Allí la Policía comprobó que el establecimiento era utilizado como lugar de residencia y de ejercicio de la prostitución de las mujeres. Las habitaciones se encontraban en pésimas condiciones higiénicas y de habitabilidad y en cada una de sus puertas se habían instalado candados que las bloqueaban y sólo eran accesibles desde el exterior. Una vez que las mujeres terminaban su trabajo eran encerradas en dichas habitaciones.
Durante la operación se ha detenido a diez personas: cuatro de ellos de nacionalidad nigeriana, dos marroquíes, tres brasileños y uno de Malí, aunque la investigación continúa y no se descantan nuevos arrestos.
Además se ha liberado a seis víctimas, sobre las que se han aplicado las medidas de protección y asistencia previstas en el Protocolo Marco de Protección de víctimas de trata de seres humanos. Los menores, de los que no se ha podido determinar relación materno-filial, han quedado bajo la protección de los servicios asistenciales de las correspondientes comunidades autónomas.
El Grupo II de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las Brigadas Provinciales de Extranjería de Córdoba, Barcelona y Almería han realizado tres registros domiciliarios y cuatro inspecciones administrativas.
En los registros se ha intervenido numerosa documentación relacionada con la actividad criminal de la organización, así como diversos documentos de identidad nigerianos falsos y partidas de nacimiento expedidas por el mismo país, que están siendo analizados por expertos.
