El vicepresidente defendió en el pleno del Parlamento, a petición propia y del PSOE, el acuerdo sobre la cuantificación de la Disposición Adicional Segunda alcanzado el pasado 16 de marzo en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Junta de Andalucía, cuyo pago será efectivo antes del 20 de marzo de 2010 con anticipos este mismo año.
“Esto no podía ser una subasta, porque es la reclamación de un derecho que se hace efectivo con el dinero de todos los españoles”, dijo Griñán para defender la cifra alcanzada y que, para PP e IU, es totalmente insuficiente e insatisfactoria.
“No les negaré que la negociación ha sido dura”, reconoció Griñán, quien explicó que el acuerdo se ha logrado “desde la lealtad con el texto constitucional, el Estatuto y la LOFCA; desde la delimitación y concreción de todos y cada uno de los conceptos por los que se exigen las compensaciones; y desde el rigor de las cifras”.
De este modo, aseguró que “nadie podrá decir que Andalucía ha obtenido algo disparatado que no proviene de la propia legalidad” y aseguró que la Junta puede demostrar “cada euro” percibido sin que nadie pueda llamar a los andaluces “pedigüeños”.
Griñán dijo que “el resultado final es el más fiel y leal con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda” y subrayó que ha sido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que ha entendido la legitimidad de una reclamación “que no forma parte de un agravio ni tampoco de un lamento, sino de hacer efectiva una norma incluida en el bloque constitucional”.
Respecto a la cuantificación definitiva, Griñán explicó que proviene de cifrar en 617,13 millones el déficit existente, en el momento de las transferencias efectivas sin criterios de nivelación, en vivienda, 316,05 millones en sanidad y 271,24 millones en educación. Los 1.204 millones de euros “son los que se pueden demostrar”, afirmaba Griñán para justificar que no se hayan alcanzado los 1.748 millones de máximo que manejaba la Junta, en cuyo montante habían incluido conceptos “discutibles” que fueron apartados durante la negociación.
El pacto de la resignación
Por su parte, el diputado del PP Antonio Sanz aseguró que la Junta no puede estar orgullosa por el acuerdo, ya que se trata del pacto de la "resignación" que supone menos de 95 euros por cada andaluz, trece euros menos de lo que Cataluña ha obtenido del Gobierno central por el déficit en infraestructuras acumulado en los dos últimos años.
Sin embargo, Griñán le recordó que el resultado de dividir 1.204 millones de euros entre 8 millones de habitantes es 150 euros, no 95, una cifra que, según el vicepresidente, el PP obtiene al despreciar los 420 millones de euros que Andalucía ya ha recibido en concepto de anticipos, algo que "no puede ser".
Sanz dijo que "nunca deberían haber cogido el cheque de la traición” y sostuvo que Andalucía recibirá tres veces menos de lo que le corresponde, por lo que aseguró que su partido, al igual que IU, no da por cerrada esta cuestión.
Además, apuntó que los seis meses de retraso que ha acumulado la cuantificación de la deuda histórica según el Estatuto sólo ha servido para que la Junta haya dejado de exigir 500 millones de euros, ya que la horquilla que manejaba el Gobierno andaluz -ya de por sí raquítica para la oposición- era entre 1.148 y 1.742.
Por otra parte, Sanz exigió a Griñán que aclare el procedimiento de pago de la deuda y le pidió que explique si se baraja la posibilidad de saldarla con pagos en especie que se basarían en el traspaso de suelo estatal a la comunidad, algo que para el PP sería el "culmen de la traición".
Pedro Vaquero, diputado de IULV-CA, aseguró que la Junta escenificó el pasado 16 de marzo el "despropósito" de una "cuantificación ridícula" e indicó que el Gobierno andaluz sólo ha buscado "hacer el menor daño posible" al presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Además, rechazó que el pago se realice en especie y dijo que la deuda histórica "no morirá hasta que se logre la convergencia real con el Estado".
Por su parte, el parlamentario del PSOE-A, Luis Pizarro, se congratuló por el acuerdo y recordó que el gobierno de José María Aznar, aún pudiendo resolver esta cuestión, no lo hizo, por lo que aseguró que el PP está deslegitimado en este asunto.
