La sociedad JSC Krasfarma, perteneciente al Grupo Inpark, domiciliado en Rusia, ha pedido al titular del Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, Fernando Caballero, un aplazamiento de una semana para presentar el aval, de 1,2 millones de euros, que respaldará su oferta de compra por los Laboratorios Pérez Giménez.
Según han explicado a Europa Press fuentes cercanas al proceso de concurso de acreedores en el que se encuentra inmersa dicha empresa farmacéutica radicada en Almodóvar del Río (Córdoba), el grupo ruso ha alegado que la normativa rusa le impide transferir antes desde su país dicha cantidad a la cuenta del juzgado cordobés.
Krasfarma entiende que no habrá problema para lograr dicho aplazamiento, pues el mismo juzgado ya otorgó una prórroga, por razones similares, a otra de las sociedades que pretende comprar y mantener activa la empresa, con parte de su plantilla, integrada por 151 trabajadores.
Esta nueva circunstancia y dado que el juez aún no ha adjudicado la empresa a ninguna de las siete sociedades que han presentado ofertas por la misma, es la que ha llevado a los administradores concursales de los laboratorios a pedir al comité de empresa de Pérez Giménez la suspensión de la reunión que tenían prevista para este jueves, al objeto de negociar el expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo aprobado por el juez para 111 trabajadores, en base a la que en su momento era la mejor oferta de compra, que prevé mantener a 40 empleados en plantilla.
Los sindicatos, por su parte, según han informado a Europa Press fuentes de la Sección Sindical de UGT en la empresa, han aceptado posponer dicha reunión, en este caso para este viernes, pero han insistido, tal y como ya argumentó UGT, en que, dado que aún no se ha adjudicado la farmacéutica, "no tiene sentido" aplicar el citado ERE extintivo, ya que éste se basaba en la que era la mejor oferta de compra, la de Global Aeronautic S.L., que ofrece once millones de euros y se compromete a mantener 40 puestos de trabajo, mientras que la oferta de Krasfarma es de 12 millones y pretende quedarse con 100 trabajadores.
Por eso, aunque lo que se plantea por los administradores concursales es la negociación del ERE extintivo, entre éstos y los representantes sindicales, UGT considera que lo que debe aplicarse es un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en el que, en esta ocasión, se incluya a los trabajadores que aún realizan labores de mantenimiento en la factoría, y que dicho ERTE esté vigente hasta que se adjudique la empresa.
De este modo, mientras el juez determina a qué sociedad adjudica los laboratorios, para lo cual UGT le pide "agilidad", la aprobación inmediata de un ERTE permitirá que los empleados "puedan cobrar", pues en el caso de la treintena que sigue trabajando en labores de mantenimiento de la factoría, "llevan dos años" sin ingresar su nómina ni cobrar el desempleo, como sí han podido cobrar, durante algunos meses, los trabajadores a los que se incluyó en el ERTE ya finalizado.
