El presidente de EE.UU., Barack Obama, solicitó hoy al Congreso 3.700 millones de dólares más para hacer frente a la crisis humanitaria generada por la llegada masiva de niños y adultos centroamericanos a la frontera sur, un paso con el que espera llegar a un punto de inflexión en la gestión del asunto.
La petición de fondos de emergencia permitiría aumentar los jueces de inmigración dedicados a la crisis, ampliar la vigilancia fronteriza y ayudar a Centroamérica a lidiar con los adultos y menores repatriados, además de cubrir las necesidades de los más de mil niños que de media llegan al país cada la semana.
"Urjo al Congreso a actuar rápidamente para considerar esta importante petición", dijo Obama en una carta enviada al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner.
La cantidad solicitada, que asciende a casi el doble de la que adelantaron algunos medios en la última semana, forma parte de una estrategia de la Administración para disuadir a las familias de enviar a sus niños a EE.UU. y acelerar el proceso de deportación en el que entran los que llegan a la frontera.
"Estamos dando pasos para proteger el debido proceso (de los menores), pero también para deportarlos de forma más eficiente", indicó a los periodistas una alta funcionaria estadounidense que pidió el anonimato.
Mientras la Casa Blanca espera a que el Congreso conceda más autoridad al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, para acelerar las deportaciones, los fondos anunciados hoy se centran fundamentalmente en aumentar la seguridad para evitar la llegada de los niños y reforzar la estructura de respuesta a la crisis.
La petición de fondos incluye 1.533 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional, 1.800 millones para el de Salud y Servicios Humanos, 300 millones para el Departamento de Estado y 64 millones para el de Justicia, según informó la Casa Blanca.
La mayor cantidad, los 1.800 millones, se destinará a aumentar las instalaciones y los recursos para acoger a los niños, cuya constante llegada ha obligado al Departamento de Salud y Servicios Humanos a improvisar centros de detención en todo el país.
Los 1.533 millones de dólares para seguridad incluyen 1.100 millones para la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), y estarán dedicados a acelerar la deportación de los adultos que en algunos casos acompañan a los niños inmigrantes, generar "alternativas a la detención" de los menores y aumentar la presencia de agentes de control fronterizo en Guatemala, El Salvador y Honduras.
Los 433 millones de dólares restantes irán a la Agencia de Protección de Fronteras y Aduanas (CBP), entre ellos más de 39 millones para aumentar la vigilancia aérea en la frontera contra los "coyotes" que trafican con niños, y 364 millones para pagar los gastos extra que supone la crisis para la Patrulla Fronteriza.
Los fondos para el Departamento de Estado incluyen 295 millones para "reintegrar" a los emigrantes deportados en Centroamérica, ayudar a los Gobiernos de la región a "controlar mejor sus fronteras" y para combatir "las causas de raíz que llevan a la migración", como la pobreza y la inseguridad.
Los Gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala deberán demostrar que han hecho "avances" en esos objetivos para que la ayuda autorizada para el año fiscal 2014 continúe una vez concluido ese periodo, indicó la Casa Blanca.
Además, el Departamento de Estado obtendría 5 millones de dólares para ampliar el alcance de las campañas de publicidad contra la emigración que EE.UU. ha puesto en marcha en Honduras, El Salvador y Guatemala, y respaldar programas de apoyo a jóvenes con el fin de prevenir que abandonen el país.
Por último, el Departamento de Justicia recibiría 64 millones para contratar a unos 40 equipos más de jueces de inmigración y aumentar los servicios de representación legal para los niños.
Según datos del Gobierno, ya suman unos 52.000 los niños detenidos en los últimos 9 meses tras entrar al país norteamericano, cifra que podría llegar a 100.000 a final de año.
A eso se suman los 39.000 adultos acompañados de niños detenidos por las autoridades.
Desde el pasado septiembre y hasta ahora, las autoridades estadounidenses han deportado a más de 87.000 inmigrantes a Centroamérica, aunque se desconoce cuántos de ellos son niños, según fuentes de la Casa Blanca
