El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha considerado "ejemplar" el papel jugado por los once ayuntamientos que conformaban la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, en la liquidación de la propia institución. Rodríguez Villalobos ha aplaudido además la labor de la presidenta de la extinta mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, la socialista María José Fernández, y señala que casos como este prueban que el sector de la administración local es capaz de salvar situaciones "complicadas".
El pasado mes de abril, el pleno de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir aprobaba definitivamente su expediente de liquidación con el voto favorable de los miembros del plenario pertenecientes al PSOE, IU-CA y el PA, toda vez que los representantes pertenecientes al PP, Roteños Unidos y el partido independiente de Sanlúcar de Barrameda se abstuvieron. El expediente en cuestión repartía entre todos estos municipios, siete de ellos de la provincia de Sevilla y cuatro de Cádiz, una deuda superior a los 42,6 millones de euros merced a su participación en la institución y otros aspectos como las deudas pendientes de pago entre los ayuntamientos y esta administración.
Tocaba así techo el conflicto derivado del colapso integral de esta institución que, a fecha de abril de 2013, contabilizaba un pasivo global de 52.204.879 euros, si bien esta cifra se redujo con medidas como el compromiso de la Junta de Andalucía de asumir el coste del sellado de los vertederos de Utrera y Lebrija, pertenecientes a la mancomunidad.
CONTRARRELOJ
El expediente de liquidación, no obstante, estipulaba un plazo máximo de 60 días para que los ayuntamientos saldasen la cuota de deuda que caía sobre ellos, toda vez que entre estos consistorios figuran algunos especialmente asfixiados en el plano económico, como es el caso de Los Palacios y Villafranca y El Coronil.
En junio, no obstante y merced a una negociación previa entre la presidenta de la Mancomunidad y también alcaldesa de Lebrija, la socialista María José Fernández, y el Gobierno de la Junta de Andalucía, el consejo de gobierno de la Administración autonómica autorizaba anticipos de tesorería por un importe total de 16,54 millones de euros en favor de los once ayuntamientos que integraban la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
Los anticipos, concedidos en función de las partidas que corresponden a los ayuntamientos por la participación en los tributos de la comunidad autónoma (Patrica) y en los ingresos del Estado (PIE), tenían un año de devolución y estaban destinados a inyectar liquidez a estos ayuntamientos para que hiciesen frente directamente al pago de las deudas asignadas a través del expediente de liquidación de la mancomunidad. Porque no olvidemos que buena parte de los acreedores de esta institución son extrabajadores, empresarios proveedores y autónomos que prestaban servicio a la misma.
"EL MUNICIPALISMO SE HA ARREMANGADO"
Para el presidente de la Diputación de Sevilla, en este conflicto, "el municipalismo se ha arremangado" y ha puesto "sentido común" para solucionar una situación verdaderamente "complicada", según ha manifestado en una entrevista con Europa Press. Se trata, a su juicio, del "ejemplo más claro" de la propia capacidad del sector de la administración local para salir adelante.
"Todos los ayuntamientos han actuado de manera ejemplar en la liquidación, reclamando el compromiso del resto de administraciones, pero liderando todo el proceso y colocando el objetivo en el pago a aquellos proveedores y trabajadores con los que se mantenía buena parte de la deuda". Rodríguez Villalobos, en ese sentido, ha enfatizado que en todo este procedimiento, no exento de tensiones y protestas por parte de los extrabajadores y proveedores de la mancomunidad, la alcaldesa de Lebrija y presidenta de la institución ha jugado un papel "muy significativo".
En esa línea, el presidente de la Diputación defiende que desde hace al menos dos años, él mismo viene exponiendo que "en las mancomunidades y consorcios era necesario ese ajuste", sobre todo a cuenta de la deriva sufrida por aquellas entidades de esta naturaleza "que se han desviado del objeto social para el que fueron creadas". "Era inaplazable abordar el futuro de aquellas entidades de este tipo con dificultades económicas", dice Rodríguez Villalobos, quien defiende en paralelo que "lejos" de casos como el narrado en estas líneas, "las mancomunidades y consorcios que se mantienen fieles al objeto social para el que fueron creados continúan con su tarea, desempeñándola de manera eficiente y ofreciendo servicio a sus vecinos y vecinas".
